En el orden capitalista, la justicia no es más que la forma ideal de la injusticia material. El poder judicial, presentado como neutral y técnico, funciona en realidad como mecanismo de legitimación de las relaciones de explotación, garantizando la propiedad privada de los medios de producción y el dominio de clase bajo la forma de legalidad. La supuesta imparcialidad del juez burgués es, en verdad, una ceguera deliberada ante la desigualdad estructural que rige la sociedad.
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Por ello, si se superara el orden capitalista y se avanzara hacia una sociedad socialista, el sistema de justicia tendría que transformarse radicalmente. No bastaría con reformar sus formas; habría que sustituir su contenido de clase, su estructura jerárquica, su lógica punitiva y su función de garante de la propiedad privada.
La justicia socialista sería una herramienta de emancipación colectiva, no de dominación de clase. En lugar de reproducir la legalidad burguesa —abstracta, formalista y al servicio del capital—, estaría orientada a garantizar la equidad real, los derechos colectivos y la libertad material del pueblo trabajador.
Principios de la Justicia Socialista
1. Democratización del acceso
El acceso a la carrera judicial no dependería de credenciales académicas elitistas como ocurre en el sistema burgués. En cambio, se valoraría la formación técnica vinculada al compromiso social, la experiencia en luchas populares y la trayectoria ética.
Deberían existir espacios de formación judicial públicos y populares que garantizarían la participación de sectores históricamente excluidos. La experiencia en organizaciones sindicales, comunitarias o de base tendría peso equivalente al conocimiento técnico.
2. Elección y control popular
Los jueces podrían ser elegidos directamente por el pueblo mediante voto directo o a través de instancias intermedias como consejos obreros o asambleas territoriales. No serían funcionarios de carrera protegidos por privilegios, sino delegados revocables del poder popular.
La comunidad tendría el derecho de remover a cualquier juez que actuase contra el interés colectivo. Además, sus decisiones estarían sometidas a transparencia total y rendición pública de cuentas.
3. Formación político-ética
En lugar de reproducir la supuesta «neutralidad» judicial del capitalismo —que encubre la defensa del statu quo—, los jueces en una sociedad socialista recibirían formación en principios socialistas, en derechos colectivos, en historia de las luchas sociales y en una ética orientada a la justicia social.
No se trataría de formar aplicadores mecánicos de leyes, sino militantes jurídicos del pueblo, conscientes de su papel como agentes de transformación.
4. Rotación y desprofesionalización parcial
La carrera judicial no debería ser un espacio cerrado ni vitalicio. Debería existir un sistema de rotación periódica, en el que trabajadores y ciudadanos formados cumplieran funciones judiciales de forma temporal, a fin de evitar la cristalización de castas jurídicas y mantener el vínculo con la realidad social.
Instancias como jurados populares ampliados o jueces legos podrían ser parte integral del sistema.
5. Reforma estructural del aparato judicial
Una justicia socialista implicaría una transformación completa del aparato judicial heredado, lo cual incluiría:
- Democratización radical de la administración de justicia.
- Simplificación y agilización de procesos jurídicos.
- Descentralización territorial y participación comunitaria.
- Supresión de órganos judiciales cuya función histórica haya sido sostener el poder de clase.
6. Derecho como construcción colectiva
El juez socialista no aplicaría mecánicamente un código abstracto, sino que participaría en la construcción colectiva del derecho, junto con organizaciones sociales, consejos obreros, asambleas populares y sectores oprimidos.
El derecho dejaría de ser un cuerpo técnico separado y pasaría a ser una herramienta viva del pueblo trabajador, adaptable y en permanente revisión colectiva.
7. Defensa de la libertad colectiva
La función principal del sistema judicial sería garantizar las condiciones reales de la libertad, entendida no como el libre albedrío individual, sino como la capacidad concreta de vivir sin opresión ni explotación, desarrollando la vida plena en comunidad.
Esto implicaría una justicia restaurativa, educativa y transformadora, en lugar de un aparato punitivo y represivo.
La Justicia como proceso emancipador
Una justicia socialista no replicaría el modelo burgués con un rostro más amable, sino que rompería con sus fundamentos de clase. Sería una pieza clave en la construcción del poder popular, un instrumento para resolver los conflictos de forma colectiva, equitativa y orientada al bien común.
El juez no sería un técnico del orden, sino un sujeto político al servicio de la transformación social. Y la carrera judicial no sería una vía de ascenso individual, sino una responsabilidad colectiva, rotativa y controlada por las bases.