Sindicalismo

La lucha de clases contemporánea no se libra solo en la fábrica, sino en la red, en la calle, en el consumo, en el cuerpo, en el territorio y en el ecosistema. El capital ha extendido su dominio sobre la totalidad de la vida social, y la respuesta de la clase trabajadora debe estar a la altura de esa totalidad. La tarea del sindicalismo del siglo XXI no es coordinar huelgas aisladas, sino articular una guerra social prolongada, donde la confrontación económica se combine con la disputa ideológica, la construcción de poder territorial y la defensa de las condiciones naturales de la vida.

Este texto no es un recetario de tácticas ni un catálogo de buenas intenciones. Es la culminación programática de un proyecto: la reconstrucción de la clase trabajadora como sujeto histórico total, capaz de disputar el poder al capital en todos los terrenos y de construir, desde hoy, las bases materiales de una sociedad socialista.

El capitalismo moderno generalizó formas de trabajo que Marx denominó «improductivo» y que David Graeber rebautizó como «trabajos basura»: actividades que no amplían la vida, sino que la agotan, la empobrecen o la destruyen.

Pero entre estas categorías existe una distinción que el sindicalismo debe abordar con precisión. No todo trabajo improductivo o basura es necesariamente parásito.

La categoría de «trabajo parásito» designa una forma más específica y más agresiva de dominación: aquella que no solo es inútil o dañina para la vida, sino que se alimenta directamente de la clase trabajadora, la vigila, la controla, la exprime o la mantiene en situación de dependencia para sostener su propia existencia.

Los trabajadores deben exigir un marco legal que impida la destrucción de puestos de trabajo como moneda de cambio del capital. Ese marco debe establecer que, en caso de cierre o abandono patronal, se active automáticamente un protocolo de auditoría de la plusvalía acumulada.

La cuestión es simple: si una empresa ha sido rentable durante años, si ha generado beneficios extraordinarios, si el capitalista ha acumulado riqueza a costa del trabajo vivo, entonces esa plusvalía no puede ser utilizada como excusa para cerrar y desaparecer. El empresario no puede declarar una quiebra, o un cierre por jubilación o desinterés después de haberse enriquecido durante décadas y dejar a los trabajadores sin salida.

La legislación debe establecer que, cuando la plusvalía total extraída a lo largo de la vida de la empresa supere el coste histórico de su constitución y mantenimiento, los trabajadores tendrán derecho a la continuidad de la explotación sin asumir deuda alguna. El capital ha sido ya compensado con creces. La empresa, como organismo productivo, no le pertenece ya por derecho histórico: le pertenece a la sociedad que la ha hecho funcionar.

El sindicalismo se ha convertido en un mediador profesional del conflicto entre capital y trabajo. Su función, en la práctica, no es cuestionar la relación de fuerzas, sino gestionarla para que el capital pueda seguir reproduciéndose sin sobresaltos.

Ya no aspira a desplazar el centro de decisión, no aspira a emancipar a la clase trabajadora de su opresión, sino a obtener migajas de un poder que reconoce como ajeno. Y al hacerlo, reproduce la lógica que lo anula: la del trabajo como mercancía, la de la negociación como súplica, la de la organización como gestoría de la explotación.

El sindicalismo del siglo XXI no puede limitarse a reformas cosméticas o a una actualización de repertorios tácticos.

Necesita una redefinición de sus principios fundacionales, una nueva arquitectura estratégica que responda a las condiciones materiales actuales y abra un horizonte de transformación estructural.