Hay mucho escrito sobre por qué crece la extrema derecha. A mí, sin embargo, me interesa una pregunta más incómoda: ¿Qué hicimos nosotros ante ese avance? ¿Qué espacios cedimos y desde qué categorías debemos reconstruirnos?
Cuando hablo de «la izquierda» me refiero a lo que el espacio público y mediático llama así, y también a buena parte del comunismo organizado en partidos de vocación amplia, que ha compartido esa posición de abandono. No hablo desde fuera: hablo como comunista, y mi crítica es la de alguien que cuestiona su propia tradición.
La tesis que voy a defender es que el avance de la reacción se explica, en buena medida, por el abandono progresivo, por parte de la izquierda occidental, de sus propios marcos teóricos y políticos, lo que terminó debilitando su capacidad para construir y reorganizar los espacios, las estructuras y las prácticas desde los que desarrollar una alternativa frente a la contrarrevolución neoliberal que comenzó a desplegarse en Occidente durante las últimas décadas del siglo XX. Las fuerzas conservadoras supieron aprovechar ese abandono, especialmente mediante la concentración del poder mediático y la privatización de los entornos de comunicación y sociabilidad que acompañaron a las mal llamadas liberalizaciones.
La renuncia a interpretar la realidad desde categorías propias llegó a afectar incluso a su lectura de la experiencia soviética, que pasó a asumirse en buena medida desde los parámetros de la crítica liberal. El eurocomunismo fue quizá la expresión política más clara de ese desplazamiento: no solo una revisión de la estrategia, sino una progresiva aceptación del marco ideológico del adversario. Esta transformación también dificultó la comprensión de los movimientos de izquierda surgidos desde posiciones decoloniales y de procesos como el de China.
No se trata, por tanto, de explicar el crecimiento de la reacción únicamente por su capacidad de persuasión, ni de atribuirlo a un supuesto giro conservador de las sociedades, sino de preguntarse qué condiciones materiales, culturales y epistemológicas hicieron posible que determinadas fuerzas pudieran interpretar el malestar social, organizarlo y ofrecerle una identidad política y, sobre todo, por qué dejamos de hacerlo nosotros.
Un malestar que no encuentra su nombre
Debemos entender que la disputa política no comienza cuando alguien vota, milita o se incorpora a una organización, sino en el marco epistemológico desde el que cada persona interpreta su propia existencia.
La epistemología no es aquí una disciplina académica abstracta, sino el campo de inteligibilidad a través del cual una sociedad determina qué considera verdadero, qué entiende como posible y qué reconoce como deseable; en definitiva, el marco que delimita las fronteras de lo real.
En el orden político-social contemporáneo, ese campo está atravesado por una matriz neoliberal y colonial, de carácter individualista, mercantil, ahistórico y eurocéntrico. El neoliberalismo no se limita a defender unas ideas frente a otras, sino que también produce las categorías con las que interpretamos el mundo y condiciona, por tanto, las respuestas que podemos imaginar ante sus contradicciones.
Debemos, entonces, comprender que la formación del sujeto reaccionario no es un residuo del pasado ni el resultado de un simple error de conciencia, sino una construcción histórica del propio proceso de contrarrevolución neoliberal. La precarización, la atomización existencial y la pérdida de soberanía producen un malestar real que, ante el abandono por parte de la izquierda de su función histórica de articulación política de la clase, puede desplazarse hacia opciones reaccionarias. El individuo despolitizado, privado de una explicación que le permita reconocer las causas estructurales de su situación y actuar sobre ellas, comienza entonces a interpretar su malestar a través de aquello que se le presenta como amenaza inmediata: otros grupos sociales, transformaciones culturales o supuestas pérdidas de identidad y estatus, dejando de reconocer en el capital, la alienación o la propiedad privada de las condiciones de vida las causas estructurales de su sufrimiento.
La reacción, por tanto, no necesita inventar el malestar que moviliza; le basta con ofrecer una interpretación, una identidad y un horizonte a un malestar que es real. Para comprender cómo ha podido hacerlo, tenemos que preguntarnos primero por qué dejamos de construir nosotros los marcos colectivos capaces de interpretar esa experiencia.
El abandono de la izquierda de sus propios marcos
El vacío epistemológico y organizativo que permitió el desplazamiento anteriormente expuesto no apareció espontáneamente. Fue el resultado de un proceso de renuncia intelectual y política de la propia izquierda, estrechamente relacionado con su incapacidad para interpretar determinados procesos históricos desde categorías propias: la experiencia de la URSS, los panafricanismos, los movimientos de liberación nacional latinoamericanos e incluso la revolución china. Procesos que, con demasiada frecuencia, quedaron atrapados entre su idealización y el milenarismo con el que se juzgaban las experiencias reales de construcción del socialismo, como si sus contradicciones históricas constituyeran necesariamente una refutación de sus posibilidades emancipadoras, en lugar de formar parte de las condiciones materiales desde las que debía desarrollarse nuestra comprensión de la transformación socialista.
Esta incapacidad contribuyó a que buena parte de la producción teórica de la izquierda se reorientase hacia una crítica del capitalismo progresivamente desvinculada de la construcción de poder y de la transformación de las relaciones sociales. Al dejar de considerar las experiencias históricas de construcción socialista como procesos de los que extraer conocimiento político, con sus conquistas, contradicciones y fracasos, la crítica podía mantenerse sin necesidad de desarrollar una estrategia propia para superar las relaciones que denunciaba. La teoría conservaba así su capacidad para identificar las contradicciones del capitalismo, pero perdía progresivamente su conexión con una praxis capaz de convertir ese conocimiento en fuerza histórica, mientras la propia izquierda iba perdiendo ascendiente entre las clases subalternas.
Esta renuncia tuvo una expresión especialmente importante en nuestra concepción del Estado, puesto que las contradicciones de las experiencias socialistas, lejos de convertirse exclusivamente en objeto de una crítica materialista orientada a comprender sus causas y desarrollar formas históricamente superiores de organización política, contribuyeron también a cuestionar la propia posibilidad de construir un Estado socialista.
Los fracasos de la URSS, como la burocratización, así como las esperanzas que se perdieron con ellos nos llevaron a cuestionar la propia concepción del Estado socialista. Los capitalistas, en cambio, no reniegan de su forma de Estado por sistemáticos que sean los fracasos que el capitalismo provoca, incluso en lugares ajenos a él. Nosotros, por el contrario, terminamos abrazando una concepción liberal del Estado, como si fuese neutral, cuando no lo es.
La contradicción que me interesa señalar no reside en que debiéramos haber preservado acríticamente las formas institucionales desarrolladas por las experiencias socialistas anteriores, sino en que una parte importante de la izquierda terminó interpretando sus fracasos desde categorías que dificultaban comprender el carácter histórico y de clase del propio Estado. La crítica de las relaciones de dominación existentes en aquellas experiencias no condujo necesariamente a una elaboración más profunda de las condiciones de una democracia socialista, sino que, en numerosos casos, favoreció la aceptación de la institucionalidad liberal como horizonte político, desplazando progresivamente la cuestión de la transformación del poder hacia la de su administración dentro de las estructuras existentes.
Esta transformación estuvo acompañada por una reorientación de buena parte de la intelectualidad de izquierdas hacia dos posiciones que terminaron siendo complementarias: por un lado, un idealismo moralizante que juzgaba la realidad desde categorías abstractas, separando las aspiraciones emancipadoras de las condiciones históricas de su realización; por otro, una crítica de la cultura burguesa que, aun siendo capaz de identificar sus contradicciones, no encontraba la manera de transformarlas en potencia política organizada. Al mismo tiempo, se rechazaban o deslegitimaban sistemáticamente posiciones materialistas y procesos de liberación surgidos en territorios colonizados, precisamente aquellos de los que hoy necesitamos aprender, reproduciendo una concepción eurocéntrica de la emancipación que dificultaba reconocer la diversidad de condiciones materiales y trayectorias históricas mediante las que los pueblos habían desarrollado sus propias formas de lucha y organización.
El giro neoliberal que comenzó a imponerse desde finales de los años setenta, asociado a los gobiernos de Thatcher y Reagan, cuyos fundamentos se habían ido elaborando durante las décadas anteriores en determinados círculos intelectuales y centros de producción ideológica, encontró así una izquierda cada vez menos preparada para disputarle la hegemonía desde una concepción propia del Estado, de la democracia y de la transformación social. La desaparición de la URSS reforzó posteriormente ese desplazamiento y facilitó la presentación de la economía capitalista y de la democracia liberal como los únicos horizontes históricos posibles, mientras las experiencias de construcción socialista quedaban relegadas, con demasiada frecuencia, a la condición de advertencias sobre aquello que no debía volver a intentarse.
Al ceder terreno la teoría vinculada a la conquista y transformación del poder en favor de una crítica del capitalismo cada vez más centrada en sus expresiones culturales y estéticas, fuimos perdiendo capacidad para intervenir sobre las relaciones materiales que lo reproducen. La izquierda política de las últimas décadas es, en buena medida, hija de esa deriva. No solo comenzó a utilizar las categorías liberales, sino que las convirtió en lenguaje electoral y en parámetros desde los que ofrecer a la sociedad una interpretación de sí misma, hasta el punto de que la renuncia intelectual terminó adquiriendo una expresión política concreta: la sustitución progresiva de una estrategia orientada hacia la superación del capitalismo por una práctica institucional que encontraba cada vez más dificultades para pensar sus propias posibilidades más allá de él.
Sus consecuencias son plenamente actuales. La izquierda sigue sin realizar una crítica profunda de la democracia liberal-burguesa y, con frecuencia, termina convirtiéndose en una de sus principales defensoras cuando la extrema derecha la ataca hipócritamente. En lugar de aprovechar las contradicciones que esa confrontación pone de manifiesto para plantear una alternativa democrática propia, un «después» capaz de orientar nuestra intervención política, termina situándose en la defensa del orden existente. Así, aquello que debería constituir un terreno de disputa y transformación se convierte en un límite que la propia izquierda se impone.
Se dirá que esta defensa responde a una necesidad táctica. Pero una táctica solo lo es cuando responde a una estrategia. No se puede superar algo en favor de otra cosa cuando se ha renunciado incluso a nombrar esa otra cosa. Sin horizonte propio, lo que se presenta como táctica termina convirtiéndose en destino. Una izquierda que no habla del fin del capitalismo no es más que su facción progresista: sin hablar de su superación, no hay superación posible.
La contrarreforma neoliberal
Sobre el terreno que había dejado abierto aquel abandono intelectual y político se desplegó una contrarreforma neoliberal que transformó profundamente las condiciones materiales de reproducción del poder popular. No se trató únicamente de una ofensiva económica ni de un cambio en las políticas de Estado, sino de una intervención sobre los distintos espacios en los que las clases subalternas producían sus vínculos, construían su identidad colectiva y desarrollaban su capacidad de organización. Su alcance fue simultáneamente productivo, territorial, político, comunicativo y cultural.
El primer frente fue la reestructuración productiva, la desarticulación territorial y la represión de las resistencias. El capital no se limitó a intervenir sobre las organizaciones obreras, sino que transformó las propias condiciones materiales en las que los trabajadores podían reconocerse como sujeto colectivo. La desindustrialización, las deslocalizaciones, la fragmentación de los grandes centros de producción fordista y la externalización de actividades fueron desmantelando buena parte de los espacios productivos alrededor de los cuales se habían articulado comunidades obreras enteras. No desaparecieron únicamente puestos de trabajo: se debilitaron también los vínculos de proximidad, las redes comunitarias, las estructuras vecinales y los espacios de sociabilidad en los que la conciencia de clase podía desarrollarse y reproducirse.
Este proceso no estuvo exento de resistencia. Los movimientos obreros y populares que se enfrentaron al cierre de industrias, la destrucción de empleo y la degradación de sus condiciones de vida encontraron con frecuencia una respuesta represiva por parte del Estado. La violencia policial, la persecución política y la intervención sobre las organizaciones contribuyeron a debilitar las capacidades de respuesta colectiva y a consolidar las transformaciones en curso. La represión no fue, por tanto, un fenómeno separado de la reestructuración económica, sino también uno de los mecanismos empleados para imponerla y contener las resistencias que generaba.
A esta transformación se sumó la expansión de formas de trabajo dispersas, precarias e individualizadas, posteriormente reforzadas por nuevas estructuras empresariales y plataformas digitales. El trabajador aislado fue sustituyendo progresivamente al cuerpo colectivo como experiencia cotidiana. No desapareció la condición de clase ni tampoco la explotación que la determina, pero se debilitaron las condiciones materiales que permitían reconocerlas como experiencia compartida y convertirlas en organización. La transformación del trabajo no solo modificó las relaciones entre capital y trabajo: alteró también los mecanismos mediante los que los trabajadores podían construir una experiencia común de sus propias condiciones de existencia.
El segundo frente fue la privatización del entorno comunicativo. Las llamadas liberalizaciones no democratizaron necesariamente el espacio de comunicación: en buena medida, transfirieron a intereses privados el control de infraestructuras y medios fundamentales para la producción y circulación de información. La concentración empresarial de los medios de comunicación y las telecomunicaciones fue desplazando la capacidad de intervención pública sobre un entorno desde el que la sociedad se informa, conversa y construye sus interpretaciones de la realidad. A este proceso se ha sumado la progresiva migración de los espacios de socialización hacia plataformas digitales gobernadas por algoritmos privados y opacos.
Los medios concentraron la capacidad de emisión y difusión masiva de opinión; las plataformas han extendido ese control al propio entorno de conversación. Ya no se trata únicamente de quién puede hablar, sino de quién controla los lugares en los que se habla, se discute y se forma el criterio común. La visibilidad depende de mecanismos comerciales que no están sometidos a una deliberación democrática y cuya lógica responde a intereses privados. Alrededor de estas plataformas se ha consolidado, además, un entramado empresarial y mediático que condiciona la producción, selección y circulación de los relatos.
El resultado es un espacio comunicativo profundamente asimétrico. Quien intenta interpretar la realidad desde un marco alternativo debe hacerlo en un entorno cuya infraestructura, propiedad y mecanismos de distribución no controla. Esta es una de las dimensiones materiales de la hegemonía epistemológica del capital: no solo condiciona las categorías desde las que interpretamos el mundo, sino que controla buena parte de los espacios en los que esas categorías se producen, circulan y adquieren legitimidad.
El tercer frente fue la transformación de la identidad social y la consolidación de la narración de la clase media. La contrarreforma neoliberal no se limitó a modificar las relaciones productivas y los espacios de organización. También intervino sobre la manera en que los trabajadores se reconocían socialmente. El sujeto dejó de ser interpelado prioritariamente desde su posición en las relaciones de producción y pasó a reconocerse, cada vez más, a través de su capacidad de consumo, el acceso al crédito, la propiedad y las expectativas de ascenso individual.
Sobre la consolidación del concepto de clase media es importante precisar que hablamos aquí de una narración hegemónica, no de una categoría materialista. La posición de ese sujeto sigue siendo la de un trabajador, muchas veces endeudado y precarizado, aunque su percepción de sí mismo se organice alrededor de su capacidad de consumo y de expectativa subjetiva de ascenso social.
Estos tres procesos no constituyen fenómenos independientes, son dimensiones interrelacionadas de una misma contrarreforma histórica que transformó las condiciones materiales y culturales en las que las clases subalternas podían reconocerse como sujeto colectivo y desarrollar su capacidad de intervención política.
La contrarreforma neoliberal no se limitó a reorganizar la economía o a reducir determinadas conquistas sociales. Intervino sobre los mecanismos mediante los que se produce y reproduce la capacidad de organización popular: transformó los espacios de encuentro, los vínculos productivos, los canales de comunicación y las formas de identificación social.
La explotación permaneció, pero se debilitaron los espacios, los vínculos y las herramientas que permitían convertirla en experiencia compartida y voluntad política. El capital no solo reorganizó las condiciones en las que trabajamos y vivimos; avanzó también sobre las condiciones en las que podemos reconocernos como parte de un mismo sujeto colectivo.
Recuperar el espacio perdido: tradición, cultura y nación
La reconstrucción de una capacidad política transformadora exige revisar nuestra relación con las formas culturales e históricas mediante las que las sociedades organizan su existencia, no porque estas constituyan un ámbito separado de las relaciones económicas al que debamos prestar una atención complementaria, sino porque participan de la propia reproducción material de la vida social y, en consecuencia, de las condiciones bajo las cuales los individuos pueden reconocerse como integrantes de una comunidad, interpretar sus necesidades y desarrollar una voluntad política compartida. Si aspiramos a transformar la sociedad, necesitamos comprender las relaciones históricas desde las que sus integrantes han aprendido a percibirse a sí mismos, puesto que ninguna transformación de las condiciones materiales puede desarrollarse al margen de las formas de conciencia y pertenencia mediante las cuales esas condiciones adquieren significado para quienes las viven.
Desde una perspectiva materialista, las tradiciones, las costumbres, las religiones y las distintas formas de identificación cultural no pueden comprenderse como simples construcciones ideológicas superpuestas a una realidad económica que existiría independientemente de ellas. Aunque surjan de condiciones históricas y materiales determinadas, adquieren una eficacia propia en la organización de la experiencia colectiva, intervienen sobre la reproducción de las relaciones sociales y proporcionan formas de continuidad, pertenencia y reconocimiento que no desaparecen por el mero hecho de identificar las contradicciones que contienen. La relación entre estructura y superestructura no puede reducirse, por tanto, a una determinación mecánica en la que las condiciones económicas producen unas representaciones destinadas a transformarse automáticamente cuando aquellas se modifican, puesto que las propias representaciones, una vez históricamente constituidas, pasan a formar parte de las mediaciones a través de las cuales los sujetos reproducen o transforman sus condiciones de existencia.
La tradición puede entenderse, en este sentido, como trabajo social sedimentado, como la expresión históricamente acumulada de generaciones de producción, convivencia, conflicto y elaboración simbólica de la experiencia común, mientras que la cultura constituye una de las formas mediante las que esa experiencia adquiere significados compartidos y puede transmitirse. La nación representa, por su parte, una posible articulación histórica y política de esa continuidad, en la medida en que permite a una comunidad reconocerse como sujeto de una trayectoria colectiva vinculada a unas condiciones territoriales, materiales e institucionales determinadas. No se trata de establecer una identidad necesaria entre estos conceptos ni de atribuirles una naturaleza inmutable, sino de reconocer que todos ellos participan, desde distintos niveles, en la producción y reproducción de los vínculos mediante los que una sociedad adquiere cierta continuidad histórica y sus integrantes pueden reconocerse como participantes de una existencia que los precede y que, al mismo tiempo, contribuyen a transformar.
Precisamente porque estas formas cumplen funciones materiales y simbólicas reales, su significado político no puede determinarse exclusivamente por su contenido heredado ni por la posición que hayan ocupado en determinadas experiencias históricas. Una tradición puede contribuir a reproducir relaciones de subordinación y, simultáneamente, constituir un espacio efectivo de sociabilidad popular; una identificación nacional puede servir para organizar privilegios y exclusiones, pero también para articular procesos de liberación y recuperación de soberanía frente a formas de dominación exterior. Estas contradicciones no desaparecen mediante una condena abstracta de las formas culturales, porque las necesidades sociales que encuentran expresión en ellas tampoco desaparecen cuando deslegitimamos sus contenidos desde una posición ideológica que no ha transformado las condiciones materiales de las que proceden.
Una parte importante de la izquierda occidental ha incurrido precisamente en ese error al convertir determinadas expresiones culturales de las clases subalternas en objetos inmediatos de confrontación política, sin comprender suficientemente las necesidades, relaciones y experiencias que las sostienen. Desde una concepción idealista de la transformación social, se ha pretendido modificar las representaciones y los valores de amplios sectores populares mediante su cuestionamiento directo, como si la sustitución de unas ideas por otras pudiera producirse al margen de las condiciones materiales y comunitarias en las que aquellas encuentran su sentido. El resultado ha sido, en numerosas ocasiones, una confrontación con las formas concretas mediante las que las personas organizaban su pertenencia social, sin que existiera una alternativa capaz de satisfacer las funciones que esas formas venían desempeñando, lo que ha permitido que las fuerzas reaccionarias se presenten como defensoras de una continuidad histórica y comunitaria cuya descomposición material es, paradójicamente, favorecida por las relaciones económicas que esas mismas fuerzas contribuyen a reproducir.
No pretendo con ello defender la aceptación acrítica de cualquier práctica cultural por el hecho de encontrarse históricamente arraigada, ni considerar que las relaciones de dominación reproducidas en su interior deban quedar protegidas bajo el argumento de la tradición, sino señalar que la transformación de esas prácticas exige intervenir sobre las relaciones sociales que las producen y reproducen, desarrollando nuevas posibilidades materiales y comunitarias desde las cuales puedan modificarse también sus significados. Cuando se pretende eliminar una forma de sostén colectivo sin haber transformado las condiciones que la hacen necesaria, no se produce necesariamente una emancipación de quienes participan en ella, sino que puede abrirse un vacío que otras fuerzas políticas aprovechen para presentarse como defensoras de aquello que la izquierda parece incapaz de comprender. La transformación cultural no puede concebirse, por tanto, como una operación previa de depuración ideológica de la sociedad, sino como una dimensión del propio proceso mediante el cual las relaciones materiales y las formas de conciencia que las acompañan son modificadas históricamente.
Esta consideración, que abarca desde las tradiciones locales hasta el sentimiento religioso, adquiere especial importancia cuando abordamos la cuestión nacional, cuyo tratamiento por parte de sectores de la izquierda occidental ha quedado frecuentemente condicionado por la identificación casi exclusiva de la nación con sus expresiones burguesas, chovinistas o imperialistas. Aunque estas constituyen realidades históricas que deben ser analizadas y combatidas, su existencia no agota las posibilidades políticas de la nación ni permite explicar adecuadamente el papel que esta ha desempeñado en numerosos procesos de emancipación de territorios sometidos al imperialismo capitalista, donde la construcción de una voluntad nacional ha constituido precisamente una condición para articular la lucha contra la subordinación económica, recuperar el control sobre los recursos y desarrollar instituciones capaces de expresar una soberanía popular anteriormente negada.
La dificultad de una parte del marxismo occidental para comprender estas experiencias responde también a la tendencia a universalizar las categorías elaboradas desde las condiciones históricas de los centros capitalistas, interpretando los procesos de liberación desarrollados en otros territorios mediante esquemas que no siempre permiten reconocer sus contradicciones específicas. La nación, considerada desde una experiencia europea marcada por sus formas burguesas e imperialistas, puede aparecer exclusivamente como un instrumento de dominación, mientras que, desde las condiciones materiales de los pueblos colonizados, su constitución puede representar una mediación indispensable para superar relaciones de dependencia y subordinación. Comprender esta diferencia no implica atribuir un carácter emancipador automático a todo nacionalismo, sino reconocer que las formas políticas adquieren su significado histórico dentro de las relaciones sociales concretas en las que se desarrollan y que, por consiguiente, no pueden juzgarse adecuadamente al margen de ellas.
Llegados aquí, considero necesario recuperar la posibilidad de pensar la nación como un espacio de soberanía popular y continuidad histórica cuya legitimidad no dependa de la preservación de una identidad cerrada, sino de la capacidad de sus integrantes para participar en la organización y transformación de sus condiciones comunes de existencia. La cuestión no sería entonces determinar qué elementos culturales deben conservarse inalterados para garantizar la continuidad nacional, sino cómo puede constituirse una comunidad política capaz de apropiarse colectivamente de su historia, reconocer las relaciones materiales que la han producido y desarrollar formas de organización mediante las cuales esa trayectoria pueda ser continuada y transformada conscientemente.
Desde esta perspectiva, y como hipótesis personal que desarrollaré con mayor amplitud en «Ius Laboris: fundamento de una nueva comunidad política», propongo explorar una refundación del criterio de pertenencia política a partir de la participación en el trabajo socialmente necesario, entendido no como una relación salarial ni como una medida individual de productividad, sino como el conjunto de actividades mediante las que una sociedad produce, reproduce y transforma sus condiciones de existencia, incluyendo expresamente el trabajo reproductivo, los cuidados y las actividades comunitarias.
El fundamento de esta propuesta no consiste en condicionar los derechos de las personas a su capacidad laboral, puesto que quienes no pueden trabajar deben ser sostenidos colectivamente y conservar plenamente su pertenencia y sus derechos, sino en desplazar el principio de constitución de la comunidad desde la herencia, el origen o el nacimiento hacia la participación en una trayectoria histórica compartida. El Estado, concebido como estructura de organización y garantía de la soberanía popular, constituiría el marco institucional mediante el que esa comunidad podría ejercer su capacidad de decisión, mientras que la nación conservaría su contenido cultural e histórico como una realidad abierta a su continuación y transformación por quienes participan en la reproducción de su vida colectiva.
La nación dejaría así de concebirse fundamentalmente como una comunidad de identidad para comenzar a pensarse como una comunidad de praxis, cuya continuidad no dependería de preservar inalterado un contenido cultural heredado, sino de la capacidad de sus integrantes para apropiarse colectivamente de su historia y participar en la construcción de su futuro.
Esta hipótesis no pretende resolver anticipadamente las contradicciones que una transformación semejante plantearía, pero sí recuperar un terreno de elaboración política que considero indispensable: la posibilidad de pensar la soberanía, la pertenencia y la continuidad histórica desde categorías propias de una democracia socialista, en lugar de abandonar estos conceptos a las interpretaciones que la reacción ha construido sobre ellos.
Recuperar lo íntimo: sostén, orden, autoridad y deseo
La necesidad de recuperar una comprensión materialista de la tradición, la cultura y la nación no se agota en reconocer su función histórica dentro de la reproducción social, puesto que ninguna de estas formas podría conservar su eficacia si no encontrara también una expresión concreta en la experiencia de los sujetos que participan de ellas. Las relaciones sociales, aun cuando preceden a cada individuo y condicionan las posibilidades de su existencia, no permanecen como estructuras exteriores a su conciencia, sino que son incorporadas mediante procesos de socialización, reconocimiento y elaboración afectiva a través de los cuales cada persona aprende a comprender su posición en el mundo, a interpretar sus necesidades y a establecer vínculos con los demás. Por ello, la transformación de las condiciones materiales de la vida colectiva exige atender también a la manera en que esas condiciones son vividas, a las necesidades que producen y a las expectativas que permiten desarrollar, porque es precisamente en esa relación entre la organización histórica de la sociedad y su apropiación subjetiva donde las formas culturales adquieren capacidad para sostener una determinada experiencia política.
Lo íntimo no constituye aquí una esfera privada e independiente de las relaciones sociales, ni una interioridad individual que deba añadirse al análisis materialista como si este resultara insuficiente para comprender la experiencia humana. Me refiero, por el contrario, a la dimensión subjetiva mediante la cual las relaciones históricas de producción y reproducción social adquieren una existencia concreta para quienes participan en ellas, configurando sus formas de reconocimiento, sus expectativas de seguridad, sus necesidades de pertenencia y sus posibilidades de imaginar una vida diferente. La conciencia individual no se desarrolla al margen de la sociedad para relacionarse posteriormente con ella, sino que se constituye dentro de unas condiciones materiales y simbólicas determinadas, de manera que aquello que cada persona experimenta como propio contiene necesariamente las mediaciones históricas que han hecho posible su formación.
Desde esta perspectiva, la capacidad de la reacción para movilizar a amplios sectores populares no puede explicarse únicamente por su eficacia comunicativa ni por la difusión de interpretaciones equivocadas de la realidad, puesto que tales interpretaciones adquieren fuerza precisamente cuando consiguen articular necesidades subjetivas reales que las condiciones materiales existentes producen y que las organizaciones transformadoras no han sabido comprender o satisfacer. La precarización, la desarticulación de los vínculos comunitarios y la pérdida de control sobre las condiciones de existencia no generan por sí mismas una conciencia política determinada, sino experiencias de incertidumbre, aislamiento e impotencia que pueden encontrar elaboraciones ideológicas muy distintas según las formas de pertenencia, organización y expectativa de futuro que se encuentren disponibles.
Considero que tres dimensiones permiten aproximarnos a esta experiencia subjetiva sin separarla de sus condiciones materiales: el sostén, entendido como la necesidad de reconocerse dentro de una continuidad colectiva; el orden, como la necesidad de experimentar que la realidad social puede comprenderse y organizarse mediante una capacidad de intervención compartida; y el deseo, como la posibilidad de proyectarse afectivamente hacia una forma de vida que resulte reconocible y merezca ser construida. Estas dimensiones no representan necesidades humanas abstractas e invariables, puesto que sus contenidos y formas de satisfacción dependen de condiciones históricas concretas, pero permiten comprender por qué determinadas propuestas políticas pueden adquirir una eficacia subjetiva que no se corresponde necesariamente con los intereses materiales que objetivamente contribuyen a reproducir.
El sostén. La necesidad de sostén adquiere una importancia particular cuando las condiciones de existencia se encuentran atravesadas por una incertidumbre que no puede resolverse mediante la capacidad individual de intervención, especialmente en sociedades donde la mercantilización de las relaciones sociales, la fragmentación de los espacios de trabajo y la desarticulación de las comunidades territoriales han debilitado los vínculos mediante los que las personas podían experimentar una pertenencia relativamente estable.
El sostén no debe comprenderse únicamente como la disponibilidad de ayuda material frente a determinadas dificultades, aunque esta constituya una dimensión fundamental de la vida comunitaria, sino también como la posibilidad de reconocerse dentro de una continuidad social que precede a la propia existencia individual y que permite interpretarla como parte de una experiencia compartida. La pertenencia a una comunidad proporciona referencias mediante las cuales las personas pueden situarse en una historia, reconocer vínculos que no dependen exclusivamente de sus decisiones particulares y experimentar que su vida participa de relaciones cuya continuidad no se encuentra sometida enteramente a las fluctuaciones de su situación individual.
Las tradiciones, las costumbres, las referencias religiosas y las identificaciones nacionales pueden adquirir desde aquí una significación que no se explica exclusivamente por sus contenidos doctrinales o culturales, sino por su capacidad para expresar esa continuidad y ofrecer formas de reconocimiento en condiciones históricas que tienden a debilitarla. Una persona puede mantener una vinculación profunda con determinadas prácticas sin compartir necesariamente todas las representaciones ideológicas que históricamente las acompañan, porque su participación en ellas puede constituir una forma concreta de relación con su familia, su comunidad, su territorio o su propia trayectoria vital.
Cuando la izquierda ha interpretado esas vinculaciones únicamente desde el contenido ideológico que pretendía cuestionar, sin comprender las necesidades de continuidad y reconocimiento que podían encontrarse incorporadas en ellas, ha favorecido una experiencia de confrontación en la que determinadas propuestas emancipadoras podían percibirse como una amenaza contra las condiciones subjetivas de pertenencia de quienes pretendíamos organizar. La reacción ha podido intervenir sobre esa contradicción presentándose como garante de una continuidad comunitaria que las propias relaciones capitalistas contribuyen a descomponer, ofreciendo una identificación política capaz de satisfacer parcialmente la necesidad de sostén sin transformar las condiciones materiales que producen su debilitamiento.
La reconstrucción de una alternativa socialista necesita intervenir precisamente sobre esa relación, no mediante la conservación acrítica de todas las formas culturales heredadas, sino desarrollando experiencias comunitarias en las que la pertenencia deje de depender exclusivamente de referencias cuya continuidad se encuentra amenazada y pueda apoyarse progresivamente en relaciones materiales de solidaridad, participación y reproducción colectiva de la vida. La transformación de las formas de conciencia que acompañan a las tradiciones no puede separarse de la construcción de nuevas condiciones de existencia en las que las personas encuentren posibilidades efectivas de reconocimiento, porque solo desde esa experiencia pueden modificarse las relaciones subjetivas que hacen de determinadas formas heredadas un sostén aparentemente insustituible.
El orden. La necesidad de orden no puede comprenderse únicamente como una aspiración subjetiva a la estabilidad o a la previsibilidad de las condiciones de existencia, puesto que aquello que experimentamos como orden constituye también el resultado histórico de relaciones sociales mediante las cuales se organizan las actividades colectivas, se distribuyen responsabilidades y se establecen las condiciones de reproducción de la vida. En este sentido, la autoridad no aparece como una respuesta exterior a una necesidad previamente constituida, sino como una dimensión inherente a las relaciones mediante las que una comunidad adquiere capacidad para establecer y sostener un determinado orden, cuya legitimidad dependerá de las condiciones materiales de su constitución, de los intereses que organice y de la posibilidad efectiva de quienes participan en él para intervenir sobre sus decisiones.
La experiencia íntima del orden se encuentra, por tanto, estrechamente vinculada a la percepción de nuestra propia capacidad para comprender y transformar las condiciones que determinan la existencia, especialmente en sociedades donde las relaciones económicas e institucionales condicionan profundamente las posibilidades individuales mientras el marco ideológico dominante continúa presentando a cada persona como responsable principal de su trayectoria. La contradicción entre esa autonomía formalmente proclamada y la dependencia material respecto de procesos sobre los que apenas disponemos de capacidad de intervención produce una experiencia de incertidumbre e impotencia que no se reduce al desconocimiento de lo que pueda suceder en el futuro, sino que expresa la dificultad para reconocernos como participantes efectivos en la organización de una realidad que, aun siendo producida socialmente, aparece ante nosotros como una fuerza exterior.
Esta contradicción permite comprender por qué las propuestas reaccionarias pueden adquirir una eficacia subjetiva considerable cuando consiguen presentar el deterioro de las condiciones de vida como consecuencia de la pérdida de un orden anterior, de la desaparición de determinadas jerarquías o del debilitamiento de figuras de autoridad capaces de garantizar la continuidad social. La promesa de restauración ofrece simultáneamente una explicación del malestar y una expectativa de recuperación del control, aunque esa recuperación se formule mediante la subordinación a una autoridad que, lejos de transformar las relaciones económicas responsables de buena parte de la incertidumbre experimentada, puede contribuir a reproducirlas mediante nuevas formas de disciplina y legitimación política.
La dificultad de determinados sectores de la izquierda para intervenir sobre esta dimensión se encuentra relacionada con la incorporación de concepciones liberales de la libertad que identifican la autoridad fundamentalmente con una imposición exterior sobre el individuo, favoreciendo una desconfianza hacia la disciplina, la organización y la capacidad colectiva de decisión que termina por confundir la superación de las relaciones de dominación con la renuncia a desarrollar estructuras capaces de organizar una voluntad compartida. Desde una perspectiva materialista, sin embargo, la libertad no puede comprenderse como una propiedad originaria del individuo aislado, puesto que sus posibilidades concretas dependen de relaciones sociales históricamente constituidas, de manera que su ampliación exige necesariamente capacidades colectivas de organización mediante las cuales puedan establecerse decisiones comunes y transformarse las condiciones materiales que limitan su realización.
La autoridad. La autoridad debe ser reconsiderada, en consecuencia, desde las relaciones que la constituyen y no desde una oposición abstracta entre libertad y obediencia, puesto que la existencia de normas, responsabilidades y procedimientos vinculantes no determina por sí misma el carácter emancipador o dominador de una organización. La cuestión reside en quién dispone de capacidad efectiva para determinar sus fines, mediante qué relaciones se establecen sus decisiones y hasta qué punto quienes participan en ella pueden controlar, revisar y transformar las estructuras mediante las que se ejerce la autoridad. Una disciplina colectivamente construida y sometida a mecanismos efectivos de participación no expresa necesariamente una restricción de la libertad, sino que puede constituir una de las condiciones materiales mediante las cuales la voluntad compartida adquiere capacidad de realización, mientras que la ausencia de organización propia puede dejar intacta la subordinación respecto de autoridades económicas e institucionales que permanecen fuera de cualquier control popular.
Desde esta relación entre orden y autoridad puede comprenderse también que la necesidad subjetiva de seguridad no tiene por qué encontrar su satisfacción en la restauración de jerarquías anteriores ni en la subordinación a figuras capaces de representar una protección exterior, puesto que una comunidad puede desarrollar formas de estabilidad y previsibilidad mediante su propia capacidad organizada para intervenir sobre las condiciones de existencia. La recuperación de una autoridad democrática adquiere así una significación que trasciende la eficacia interna de las organizaciones políticas, al permitir que las personas experimenten la organización colectiva como una ampliación de sus posibilidades de intervención y reconozcan en el orden social no una realidad que deban aceptar pasivamente, sino el resultado histórico de relaciones que pueden comprender, dirigir y transformar.
La reconstrucción de esta capacidad exige, por tanto, superar tanto la identificación reaccionaria del orden con la conservación de determinadas jerarquías como la tendencia a interpretar toda autoridad como una negación de la autonomía, desarrollando una concepción de la libertad en la que la participación en una voluntad colectiva no represente la desaparición de las capacidades individuales, sino una condición para su realización. La posibilidad de reconocerse como parte de una comunidad capaz de organizar conscientemente su existencia permitiría transformar la relación íntima con el orden, desplazándola desde la necesidad de encontrar protección en un poder exterior hacia la experiencia de participar en la constitución de una autoridad común, cuya legitimidad proceda precisamente de la capacidad colectiva para determinar y transformar las relaciones sociales que la sostienen.
El deseo. La tercera dimensión se refiere a la capacidad de proyectar la propia existencia hacia posibilidades que todavía no se encuentran realizadas, pero que pueden reconocerse como deseables desde las condiciones materiales y culturales en las que se ha formado la subjetividad. Si el sostén permite experimentar una continuidad con la comunidad y el orden introduce la posibilidad de intervenir sobre las condiciones presentes, el deseo participa de la relación mediante la cual los sujetos imaginan y valoran las formas de vida hacia las que consideran posible orientar su actividad, vinculando las expectativas de realización individual con las representaciones socialmente disponibles de aquello que merece ser perseguido.
Como vimos más arriba, la epistemología dominante interviene sobre esta dimensión no solo mediante la producción de categorías racionales con las que interpretamos la realidad, sino también a través de la formación histórica de sensibilidades, preferencias estéticas y expectativas afectivas que condicionan nuestra percepción de lo atractivo, lo prestigioso y lo deseable. La sociedad capitalista no se limita a organizar materialmente la producción y el consumo, sino que contribuye a configurar las formas mediante las cuales los individuos aprenden a desear, relacionando la realización personal con la diferenciación individual, el acceso a determinadas mercancías y la adquisición de posiciones simbólicas que permiten reconocerse dentro de una jerarquía social.
Esta producción histórica del deseo tiene consecuencias políticas que no pueden reducirse a la eficacia de la propaganda, porque una propuesta emancipadora puede resultar racionalmente convincente y, sin embargo, encontrar dificultades para convertirse en una experiencia de pertenencia cuando las formas de vida que parece ofrecer no consiguen adquirir una significación afectiva atractiva para quienes podrían participar en ella. La capacidad de imaginar una sociedad diferente depende también de que sus posibilidades puedan reconocerse en experiencias presentes, en formas de relación y organización que permitan anticipar, aunque sea parcialmente, una ampliación de las condiciones de existencia.
Ejemplo: La sensación de ruralización que parece derivar de manera lógica cuando se habla de decrecentismo puede no ser estéticamente asumible por amplias mayorías de población urbana que verdaderamente disfrutan de la densidad del entorno urbano (podría ser mi caso de no estar politizado).
Para comprender esta relación debemos considerar que el deseo no se constituye exclusivamente mediante la elaboración consciente de ideas o expectativas, sino que encuentra una parte fundamental de sus condiciones de formación en la experiencia sensible, a través de la cual el organismo entra en relación con su entorno y comienza a establecer asociaciones entre percepciones, emociones, recuerdos y posibilidades de satisfacción. Los sentidos proporcionan una mediación material indispensable entre el mundo y la subjetividad, pero aquello que percibimos no adquiere significado de manera independiente de nuestra historia, puesto que las experiencias sensoriales son incorporadas a procesos de interpretación y reconocimiento condicionados por las relaciones sociales en las que nos hemos desarrollado. Entre estas mediaciones, la percepción visual ocupa una posición especialmente relevante en las sociedades contemporáneas, tanto por la cantidad de información que permite organizar simultáneamente como por su capacidad para producir imágenes reconocibles que pueden conservarse en la memoria, asociarse a determinadas experiencias afectivas y convertirse posteriormente en referencias desde las cuales interpretamos nuestra propia existencia.
La importancia de esta dimensión visual no reside únicamente en que determinadas imágenes puedan resultarnos agradables o desagradables, sino en que aquello que vemos participa de la construcción de las representaciones mediante las cuales imaginamos lo que podríamos llegar a ser. La apariencia de una persona, la disposición de un espacio, la forma en que una comunidad se presenta públicamente o la imagen que proyecta una determinada experiencia colectiva pueden adquirir significados que exceden sus características inmediatamente perceptibles, en la medida en que son relacionados con expectativas de reconocimiento, pertenencia, prestigio o realización personal. A partir de esas asociaciones, el sujeto puede incorporar lo percibido a la narración que construye sobre sí mismo, imaginándose dentro de determinadas situaciones, identificándose con ciertas formas de vida o rechazando otras que considera incompatibles con la persona que cree ser o desea llegar a convertirse.
Es precisamente en esta relación entre percepción sensible, elaboración simbólica y proyección subjetiva donde la estética adquiere una significación política que no puede reducirse a la presentación superficial de un mensaje. Las formas estéticas participan en la producción de experiencias de reconocimiento y deseo porque permiten que determinadas relaciones sociales sean percibidas, interpretadas e imaginadas antes incluso de que sus contenidos políticos hayan sido elaborados conscientemente. Una organización puede defender un proyecto de emancipación racionalmente consistente y, sin embargo, encontrar dificultades para despertar el deseo de participar en él si las formas mediante las que se presenta comunican una experiencia colectiva en la que amplios sectores de la población no consiguen reconocerse, mientras que otras propuestas pueden adquirir una capacidad de atracción considerable mediante imágenes, símbolos y formas de representación que permiten anticipar subjetivamente una pertenencia deseable, aunque las relaciones materiales que contribuyan a reproducir resulten contradictorias con los intereses de quienes se identifican con ellas.
Considero que una parte de la izquierda ha desatendido esta dimensión hasta convertir determinadas expresiones de descuido estético, fragmentación identitaria o rechazo de las formas compartidas de presentación en signos de autenticidad política, sin advertir que tales expresiones pueden comunicar hacia el exterior una experiencia de pertenencia poco atractiva o encerrada en códigos subculturales difícilmente reconocibles por quienes no participan previamente de ellos. La apariencia, el vestuario y las formas de presentación pública constituyen manifestaciones especialmente visibles de este problema, aunque su relevancia no reside en la necesidad de adoptar unos códigos estéticos determinados, sino en reconocer que toda forma de presentación expresa una concepción de la vida colectiva y contribuye a configurar las expectativas de quienes podrían incorporarse a ella.
Este problema tiene antecedentes históricos que considero necesario revisar, entre ellos la insuficiente elaboración del marco estético-cultural del movimiento proletario en parte de la tradición leninista y la influencia posterior que determinadas expresiones surgidas alrededor de Mayo del 68 y del movimiento hippie ejercieron sobre sectores de la izquierda occidental. En algunos de esos espacios, el cuestionamiento de las formas culturales dominantes terminó desarrollándose como una tendencia al antiestetismo desestructurante que, al rechazar la construcción consciente de una expresión colectiva reconocible, favoreció paradójicamente una estética de la diferenciación individual más próxima a la lógica neoliberal de lo que sus propios participantes podían reconocer.
En cualquier caso, la contradicción que me interesa señalar no consiste en que la pluralidad estética resulte incompatible con la construcción de un sujeto colectivo, ni en que debamos recuperar formas de uniformidad históricamente asociadas a determinadas organizaciones políticas, sino en que el rechazo de toda elaboración estética compartida puede terminar reproduciendo la misma centralidad de la diferenciación individual que caracteriza a la subjetividad neoliberal. Cuando la expresión de la singularidad se convierte en el criterio dominante de reconocimiento, la pertenencia colectiva corre el riesgo de quedar reducida a una agregación de identidades particulares cuya relación con un proyecto histórico común resulta cada vez menos reconocible.
La reconstrucción de una unidad estética debería entenderse, por tanto, como el desarrollo consciente de formas de expresión capaces de hacer visible una experiencia colectiva de organización, continuidad y transformación que resulte deseable más allá de los espacios donde ese proyecto ya se encuentra constituido. No se trataría de imponer una apariencia homogénea ni de sustituir la diversidad cultural por una identidad visual obligatoria, sino de comprender que la construcción de un sujeto político necesita producir también formas compartidas de reconocimiento y expectativas afectivas mediante las cuales la participación en un proyecto emancipador pueda experimentarse como una ampliación de las posibilidades de vida y no como una renuncia a aquello que hace atractiva la existencia.
La relación entre sostén, orden y deseo permite comprender, finalmente, que la eficacia política de determinadas representaciones no depende exclusivamente de su correspondencia con los intereses materiales de quienes las asumen, puesto que una forma de identificación puede proporcionar continuidad, seguridad o expectativas de realización incluso cuando contribuye a reproducir las relaciones sociales que generan parte del sufrimiento que pretende aliviar. La reacción ha conseguido articular políticamente estas necesidades ofreciendo respuestas que encuentran una eficacia subjetiva real, aunque no transformen las condiciones materiales que las producen, mientras una parte de la izquierda ha tendido a confrontar sus expresiones ideológicas sin desarrollar suficientemente las relaciones comunitarias, organizativas y afectivas que permitirían satisfacerlas desde un proyecto emancipador.
La reconstrucción de nuestra capacidad política exige, en consecuencia, comprender que la transformación de las relaciones sociales no puede desarrollarse al margen de la experiencia subjetiva mediante la cual esas relaciones son vividas y reproducidas, porque las condiciones materiales de la emancipación incluyen también la posibilidad de reconocerse dentro de una comunidad que proporciona continuidad, de participar en una organización capaz de ejercer soberanía sobre la vida colectiva y de proyectar la propia existencia hacia un futuro cuya construcción pueda experimentarse como deseable. Desde esa relación entre las formas históricas de organización social y su apropiación íntima por los sujetos se abre la posibilidad de intervenir sobre la subjetividad realmente existente, no mediante la sustitución abstracta de unas representaciones por otras, sino a través de experiencias materiales y colectivas capaces de transformar progresivamente las condiciones desde las que las personas interpretan su existencia y reconocen sus posibilidades de acción.
Intervenir sobre la subjetividad realmente existente
Asumida la necesidad de reconstruir nuestra forma de relacionarnos, nos encontramos ante un problema que atraviesa toda estrategia política emancipadora: las personas sobre las que pretendemos intervenir no constituyen sujetos abstractos cuya conciencia pueda transformarse mediante la simple sustitución de unas ideas por otras, sino que son el resultado histórico de relaciones materiales, institucionales, culturales y afectivas que han producido determinadas formas de interpretar su existencia y de relacionarse con los demás.
La transformación de esa subjetividad realmente existente no puede concebirse como un proceso exclusivamente pedagógico mediante el cual una organización portadora de una conciencia correcta transmite sus conclusiones a una población que todavía no las ha adquirido. Debemos entender la necesidad de realizar esta intervención mediante una estrategia de acceso y transformación, cuyo punto de partida consiste en reconocer su subjetividad concreta, incluidas sus contradicciones, sin exigir que los sujetos hayan superado previamente las condiciones ideológicas y afectivas sobre las que pretendemos intervenir.
Como explicaba arriba, acceder a esa subjetividad implica comprender sus códigos culturales, sus formas de pertenencia, sus expectativas de seguridad y las experiencias desde las que interpreta sus problemas, no para aceptar como legítimas todas las conclusiones que puedan derivarse de ellas, sino para identificar las relaciones materiales que las sostienen y las contradicciones desde las que pueden comenzar a transformarse.
El segundo movimiento consiste en desarrollar relaciones y experiencias capaces de modificar progresivamente ese marco de interpretación desde su propio interior, vinculando las necesidades inmediatas con las condiciones sociales que determinan su satisfacción y permitiendo que las personas reconozcan, mediante su propia intervención, posibilidades colectivas que no resultaban visibles desde una comprensión individualizada de su existencia.
La contradicción entre las promesas del neoliberalismo y las condiciones reales que produce constituye aquí un terreno especialmente importante. Una sociedad que presenta la autonomía individual, el mérito y la competencia como fundamentos de la realización personal, mientras reproduce precariedad, endeudamiento y dependencia respecto de poderes económicos sobre los que los individuos carecen de control, genera continuamente experiencias que pueden poner en cuestión sus propias categorías de legitimación.
Sin embargo, esas contradicciones no producen espontáneamente conciencia socialista, del mismo modo que el deterioro de las condiciones de vida no conduce necesariamente a una interpretación de clase. Su significado político depende de las relaciones, organizaciones y marcos interpretativos mediante los cuales son elaboradas.
La tarea consiste, por tanto, en intervenir sobre esas experiencias para que el malestar deje de encontrar su expresión principal en la defensa individual del estatus o en la identificación de amenazas culturales sustitutivas y pueda convertirse progresivamente en conocimiento de las relaciones sociales que lo producen y en capacidad colectiva para transformarlas.
Esta concepción exige abandonar la separación entre formación política y transformación material, puesto que la conciencia no se constituye en un momento anterior a la praxis para aplicarse después sobre la realidad, sino que se desarrolla mediante la participación en relaciones y actividades que permiten experimentar nuevas capacidades de intervención sobre las propias condiciones de existencia.
El gradualismo del mensaje: reformas, límites y horizonte constituyente
Una de las consecuencias más importantes de esta concepción de la transformación política afectaría directamente a la manera en que las organizaciones de izquierda con vocación de masas elaboran y comunican sus propuestas, especialmente durante los procesos electorales, cuando la necesidad de presentar compromisos concretos y reconocibles tiende a desplazar la explicación de las relaciones estructurales que condicionan su realización.
En numerosas ocasiones, las propuestas defendidas por estas organizaciones se orientan hacia objetivos materialmente necesarios y políticamente correctos, como mejorar las condiciones laborales, ampliar los servicios públicos, intervenir sobre el mercado de la vivienda o reducir distintas formas de desigualdad, sin que el problema fundamental resida en el carácter reformista de las medidas consideradas individualmente. La contradicción aparece cuando esas reformas se presentan ante la población como soluciones suficientes a problemas cuya reproducción depende de relaciones de propiedad, acumulación y poder que permanecen sustancialmente intactas, de manera que la comunicación política termina construyendo expectativas que no incorporan las condiciones reales bajo las cuales las propias propuestas deberán desarrollarse.
Asumiendo el momento histórico de manera realista, hay que asumir que la participación en las instituciones de la democracia liberal es inevitable y que permite intervenir sobre determinadas dimensiones de la vida social y obtener conquistas que pueden mejorar efectivamente las condiciones materiales de amplios sectores populares, pero no implica que el acceso al gobierno proporcione automáticamente el control sobre los recursos económicos, los mecanismos de inversión, las infraestructuras comunicativas o el conjunto de relaciones jurídicas e institucionales que condicionan la reproducción del capitalismo.
Sabemos que el capital conserva una capacidad estructural para intervenir sobre el desarrollo de las reformas, no solamente mediante la oposición política explícita, sino también a través de la reorganización de sus actividades económicas, la presión sobre las instituciones, la utilización de mecanismos jurídicos y la adaptación de sus estrategias de acumulación a las nuevas condiciones regulatorias.
Sabemos que una reforma puede ser parcialmente neutralizada, encontrar obstáculos para su aplicación o producir mejoras cuyos efectos se reduzcan progresivamente mediante procesos que no dependen exclusivamente de la voluntad de quienes la promovieron. Incluso cuando alcanza sus objetivos inmediatos, puede ser absorbida dentro de una reorganización más amplia de las relaciones capitalistas que permita conservar, bajo formas diferentes, las contradicciones que pretendía corregir.
¿Qué ocurre entonces?
Cuando la izquierda ha comunicado esa reforma como una solución prácticamente autosuficiente, la distancia entre las expectativas generadas y los resultados finalmente obtenidos puede traducirse en una pérdida de legitimidad tanto de la medida como de las organizaciones que la defendieron, puesto que la población no dispone necesariamente de un marco interpretativo que le permita comprender las resistencias encontradas como expresión de las relaciones de poder que siguen organizando la sociedad. El capitalismo puede terminar convirtiendo así su propia capacidad para limitar, neutralizar o absorber determinadas transformaciones en un mecanismo de desacreditación de quienes intentan desarrollarlas, especialmente cuando estos han renunciado a explicar previamente las contradicciones estructurales que condicionaban su intervención.
Considero que aquí se hace fundamental una forma de gradualismo que no reside necesariamente en la orientación de las propuestas, sino en la propia distribución del mensaje político, mediante la cual las conquistas parciales son presentadas como si constituyeran un horizonte suficiente de transformación y la estrategia socialista queda desplazada a un plano discursivo secundario, cuando no desaparece por completo. La consecuencia de este error no es únicamente comunicativa, puesto que una organización que presenta sistemáticamente sus medidas dentro de los límites del orden existente termina contribuyendo a reproducir la idea de que esos límites constituyen el marco natural de lo políticamente posible, incluso cuando sus propuestas pretenden mejorar las condiciones de quienes se encuentran subordinados por él.
Superar esta contradicción no exige abandonar las reformas ni sustituir sus contenidos concretos por una proclamación abstracta del socialismo, sino reconstruir la relación entre las reivindicaciones inmediatas y el proceso histórico de transformación del que deberían formar parte. Cada propuesta necesita incorporar, en su propia formulación pública, una explicación de las relaciones materiales que hacen necesaria la medida, de las resistencias que pueden condicionar su realización y de las capacidades colectivas que sería necesario desarrollar para sostenerla y ampliar sus efectos.
Ejemplo: La regulación de los alquileres, por ejemplo, no debería presentarse al margen de las relaciones de propiedad y acumulación que determinan el acceso a la vivienda, del mismo modo que una mejora de las condiciones laborales no puede separarse completamente de la disputa por la organización de la producción y la distribución del tiempo social.
Esto no significa convertir cada intervención electoral en una exposición doctrinal ni exigir que la población asuma previamente una concepción socialista acabada, sino desarrollar un lenguaje político capaz de conectar las necesidades que las personas reconocen en su experiencia cotidiana con las relaciones estructurales que condicionan su satisfacción.
La finalidad de esta reconstrucción comunicativa no solo consiste en enseñar a la población que el capitalismo impedirá cumplir nuestras promesas, sino en permitir que reconozca que las dificultades encontradas para realizarlas constituyen también expresiones concretas de las relaciones de poder que necesitamos transformar.
De esta manera, la experiencia de una reforma o ley concreta no quedaría reducida a la comprobación de si una organización ha cumplido o incumplido un compromiso electoral, sino que podría convertirse en un proceso de aprendizaje político colectivo mediante el cual se identifiquen los intereses enfrentados, las capacidades disponibles, las limitaciones institucionales y las transformaciones necesarias para ampliar la soberanía popular sobre las condiciones de vida.
La comunicación dejaría entonces de funcionar exclusivamente como un instrumento destinado a obtener adhesiones a un programa previamente elaborado y comenzaría a participar de la propia constitución del sujeto político futuro, en la medida en que contribuye a transformar la interpretación de las experiencias sociales y a vincular las conquistas parciales con una estrategia histórica de superación de las relaciones capitalistas.
La reorganización de la participación social y la unidad del instrumento político
La reconstrucción de un horizonte estratégico común exige revisar también la relación que los partidos de izquierda mantienen con las organizaciones sociales y con las instituciones parlamentarias, puesto que una parte importante de su actividad ha terminado orientándose hacia la representación y gestión de reivindicaciones particulares, mientras la construcción de un sujeto colectivo capaz de desarrollar una transición estructural, política y económica ha quedado subordinada a las exigencias inmediatas de la competición electoral.
Participar en las instituciones del sistema burgués es necesario: no hacerlo carece hoy de sentido histórico y puede convertirse en una forma de autocomplacencia política. Sin embargo, esa participación solo adquiere un sentido transformador cuando responde a una estrategia que trasciende los límites de las propias instituciones. Estas pueden constituir espacios de intervención, disputa y conquista de posiciones, pero no pueden convertirse en el horizonte definitivo de nuestras aspiraciones. Precisamente por eso, necesitamos reconsiderar tanto las funciones que atribuimos a los partidos como los mecanismos mediante los que la sociedad organizada interviene en las decisiones políticas.
No se trata de establecer una oposición entre las demandas concretas de la sociedad y la transformación general de las relaciones sociales, ya que las primeras constituyen una expresión de las condiciones históricas sobre las que cualquier proyecto emancipador debe intervenir, sino de cuestionar la necesidad de que todas ellas sean absorbidas por las estructuras partidarias y convertidas en elementos de diferenciación ideológica entre organizaciones que deberían compartir un mismo horizonte estratégico.
Una sociedad compleja produce inevitablemente reivindicaciones vinculadas a colectivos, prácticas culturales, tradiciones territoriales y formas particulares de relación con su entorno, cuyas diferencias no pueden reducirse mecánicamente a la contradicción principal entre capital y trabajo ni resolverse anticipadamente mediante la adopción de una posición uniforme por parte de todas las organizaciones socialistas.
Las controversias sobre determinadas prácticas culturales, como la tauromaquia, o sobre cuestiones relacionadas con la protección y gestión de especies como el lobo, permiten observar cómo demandas surgidas de colectivos concretos pueden adquirir una centralidad política que termina condicionando las identidades partidarias, incluso cuando su tratamiento podría desarrollarse mediante procedimientos democráticos de deliberación y decisión relativamente autónomos respecto de la estrategia general de transformación social.
Considero que una de las tareas fundamentales de la izquierda debería consistir en simplificar los mecanismos mediante los que estas reivindicaciones pueden acceder al debate parlamentario, favoreciendo que los propios colectivos participen en su elaboración, defensa y seguimiento institucional, sin depender necesariamente de que una organización partidaria convierta cada una de ellas en parte de su identidad programática.
Esta propuesta no supone que todas las demandas deban recibir el mismo respaldo parlamentario ni que los partidos renuncien a valorar sus contenidos desde sus propios principios políticos, sino que la posibilidad de introducir una cuestión en el debate institucional debería depender en menor medida de la capacidad de los colectivos para obtener la intermediación de una estructura partidaria.
La ampliación de estos mecanismos tendría, además, una consecuencia política especialmente relevante para la fase preconstituyente, puesto que permitiría desarrollar una experiencia de participación en la que los sujetos organizados no se limitaran a delegar sus demandas en representantes especializados, sino que adquirieran progresivamente capacidades para formular propuestas, sostener procesos de deliberación y reconocer las relaciones institucionales y materiales que condicionan su realización.
La politización social no puede reducirse a incrementar el interés de la población por los acontecimientos parlamentarios ni a multiplicar las ocasiones en las que se solicita su opinión, porque su desarrollo más profundo depende de que la participación se convierta en una práctica sostenida por quienes intervienen en ella y mediante la cual puedan reconocerse como productores de decisiones colectivas.
Al mismo tiempo, esta reorganización permitiría que los partidos recuperasen su función estratégica, dejando de actuar como intermediarios necesarios de cada reivindicación particular para concentrarse en la construcción de un proyecto capaz de articular las distintas experiencias y necesidades de las clases subalternas alrededor de la transformación de las relaciones económicas y políticas. La ampliación de la autonomía de los colectivos sociales y el fortalecimiento del instrumento político no constituirían así movimientos contradictorios, sino dimensiones complementarias de una misma reorganización de la participación y del poder.
La reorganización de los mecanismos mediante los que las reivindicaciones sociales acceden al Parlamento, junto con la recuperación de un horizonte socialista compartido, permitiría intervenir sobre algunas de las condiciones que actualmente favorecen la fragmentación política de la izquierda. Muchas de las discrepancias que hoy nos dividen responden a contradicciones materiales reales y no deben ser ignoradas, mientras otras encuentran su origen en las propias relaciones de explotación y en las condiciones históricas en las que nos desenvolvemos. Sin embargo, cuando todas estas diferencias necesitan encontrar representación mediante programas partidarios diferenciados, la competición electoral favorece su transformación en elementos de identidad política y contribuye a reproducir estructuras e intereses organizativos propios, incluso allí donde existen coincidencias fundamentales sobre los objetivos históricos de transformación.
La ampliación de los mecanismos de participación autónoma permitiría que determinadas controversias culturales, territoriales y sectoriales se desarrollasen mediante procedimientos democráticos de deliberación en los que los colectivos afectados pudieran intervenir directamente, sin necesidad de convertir cada reivindicación particular en una frontera partidaria. Esta transformación no eliminaría las diferencias ideológicas ni resolvería por sí misma las contradicciones entre las organizaciones, pero facilitaría su articulación dentro de un proyecto político común, al reducir algunas de las condiciones que actualmente contribuyen a reproducir su separación.
La unidad de las fuerzas socialistas y comunistas no debería entenderse, por tanto, como una exigencia de homogeneidad doctrinal ni como la subordinación de unas organizaciones a otras, sino como la posibilidad de constituir progresivamente un instrumento político común, democráticamente organizado y capaz de integrar distintas corrientes de pensamiento. Las discrepancias teóricas y tácticas podrían encontrar expresión dentro de un mismo proceso de deliberación y decisión, mientras las reivindicaciones sociales conservarían espacios propios de participación, sin necesidad de convertirse permanentemente en fundamento de nuevas separaciones partidarias.
Esta unidad necesitaría un horizonte estratégico compartido, pero no una representación acabada de la sociedad socialista futura a la que todas las organizaciones debieran ajustar anticipadamente sus posiciones. El «después» del capitalismo constituye un proceso histórico abierto, cuya realización depende de una voluntad política común y de una praxis capaz de desarrollar las condiciones materiales de su construcción. La unidad, por tanto, no exigiría eliminar las diferencias, sino disponer de una orientación estratégica desde la que comprenderlas, confrontarlas y articularlas.
La reorganización de la relación entre sociedad, Parlamento y partido contribuiría así a crear condiciones más favorables para una unidad política que no descansara exclusivamente sobre acuerdos electorales circunstanciales, sino sobre la reconstrucción de una capacidad colectiva orientada hacia la transformación de las relaciones sociales.
Recuperar la totalidad: la fase preconstituyente
El avance de la reacción debe comprenderse dentro de un proceso histórico en el que la transformación neoliberal de las condiciones materiales de existencia y el abandono progresivo de los marcos propios de una parte importante de la izquierda se han reforzado mutuamente, debilitando tanto los espacios en los que las clases subalternas podían organizarse como las categorías mediante las cuales podían interpretar sus contradicciones y proyectar una alternativa colectiva. La reacción ha encontrado en ese proceso las condiciones para ofrecer interpretaciones del malestar, formas de pertenencia y expectativas de futuro que no necesitan resolver las contradicciones materiales que las producen para adquirir eficacia política, mientras una parte de la izquierda ha terminado subordinando su actividad a la gestión de reformas parciales, la defensa de las instituciones existentes y la competencia entre organizaciones cuya fragmentación dificulta la elaboración de una estrategia histórica compartida.
La reconstrucción de una alternativa socialista exige superar simultáneamente esas limitaciones, recuperando una comprensión de la realidad social en la que las relaciones económicas, las formas culturales, los vínculos territoriales, las disposiciones afectivas, las estructuras de autoridad y los mecanismos de producción del conocimiento puedan interpretarse como dimensiones interrelacionadas de un mismo proceso histórico. Esta recuperación de la totalidad no consiste en elaborar una teoría capaz de describir exhaustivamente todas las contradicciones de la sociedad, sino en reconstruir la unidad entre interpretación y transformación, de manera que el conocimiento de las relaciones sociales pueda convertirse en capacidad organizada para intervenir sobre ellas y que la propia experiencia de esa intervención contribuya, a su vez, a desarrollar nuevas formas de comprensión y conciencia colectiva.
El conjunto de problemas desarrollados hasta aquí permite situar nuestra tarea histórica en un momento que considero estricta y conscientemente preconstituyente, entendiendo por tal no una etapa de preparación formal de una futura reforma constitucional ni un periodo de espera hasta que existan condiciones supuestamente maduras para la transformación, sino un proceso de reconstrucción de las capacidades materiales, intelectuales, culturales y organizativas mediante las cuales las clases subalternas pueden volver a constituirse como sujeto político con capacidad efectiva para intervenir sobre las relaciones sociales que determinan su existencia. La necesidad de esta fase se desprende precisamente de la relación entre el abandono de nuestros marcos de interpretación y las transformaciones materiales desarrolladas por la contrarreforma neoliberal, puesto que la recuperación de una estrategia socialista no puede producirse mediante la simple proclamación de un horizonte histórico cuando las condiciones de organización, pertenencia y elaboración colectiva que permitirían convertirlo en una fuerza social han sido profundamente modificadas.
La disputa epistemológica debe desarrollarse, por tanto, junto con la recuperación de los espacios materiales de comunicación y sociabilidad, la reconstrucción de las relaciones comunitarias y la elaboración de formas de autoridad democrática capaces de organizar una voluntad compartida, atendiendo también a las dimensiones sensibles, estéticas y afectivas mediante las cuales la participación en un proyecto colectivo puede adquirir una significación deseable. Esta transformación exige recuperar una relación con las culturas populares que permita reconocer sus funciones materiales sin renunciar a intervenir sobre sus contradicciones, así como desarrollar un lenguaje político mediante el cual las reformas puedan comprenderse dentro de un horizonte de transformación estructural y las dificultades encontradas durante su realización contribuyan a hacer reconocibles las relaciones de poder que condicionan sus posibilidades, en lugar de quedar reducidas a una sucesión de promesas, expectativas y frustraciones cuya interpretación permanezca subordinada a la competencia electoral.
La ampliación de los mecanismos de participación política de los colectivos sociales y la tendencia hacia la unidad orgánica de las organizaciones socialistas forman parte de esa misma reconstrucción, en la medida en que permitirían desarrollar una relación distinta entre la sociedad organizada y su instrumento político, favoreciendo que las reivindicaciones particulares pudieran encontrar formas autónomas de elaboración y deliberación institucional mientras las organizaciones que comparten un horizonte emancipador recuperan la posibilidad de articular sus capacidades alrededor de una estrategia histórica común. La transformación de nuestras formas de organización no puede aplazarse hasta la eventual constitución de un nuevo orden político, porque las capacidades democráticas necesarias para construirlo solo pueden desarrollarse mediante su ejercicio en las condiciones históricas existentes, aunque las estructuras que surjan de ese proceso no deban considerarse modelos definitivos de las instituciones futuras.
Estas dimensiones no constituyen etapas separadas ni tareas que puedan completarse sucesivamente, puesto que la reconstrucción del sujeto político no precede a la transformación material como un momento exclusivamente intelectual u organizativo, sino que se produce mediante la propia intervención sobre las condiciones de existencia. Una organización capaz de desarrollar nuevas formas de participación puede contribuir a modificar la subjetividad de quienes intervienen en ella, del mismo modo que una conquista material puede ampliar las posibilidades de organización y una experiencia de resistencia frente a los límites impuestos por el capital puede permitir comprender relaciones de poder que anteriormente permanecían ocultas. La fase preconstituyente debe concebirse, en consecuencia, como un proceso de acumulación de potencia colectiva en el que la interpretación de la realidad, la organización de las necesidades sociales y la intervención sobre sus condiciones materiales se desarrollan como dimensiones de una misma praxis, transformando simultáneamente las relaciones sobre las que se actúa y las capacidades de quienes participan en esa transformación.
Su finalidad no consiste en formar una minoría políticamente preparada para administrar de manera diferente las instituciones existentes, ni en recuperar exclusivamente la influencia electoral perdida, sino en contribuir a que una parte creciente de la sociedad adquiera las capacidades necesarias para ejercer soberanía efectiva sobre las condiciones fundamentales de su vida colectiva. Esto exige recuperar una concepción de la democracia que no se agote en la representación electoral ni en la ampliación formal de los procedimientos participativos, puesto que la capacidad de decidir colectivamente permanece limitada mientras los recursos, las infraestructuras y las relaciones de producción que condicionan la existencia social se encuentran subordinados a poderes económicos sobre los que la población carece de control efectivo. La democracia socialista debe comprenderse, desde esta perspectiva, como un proceso histórico de ampliación de la capacidad colectiva para decidir sobre la producción, la distribución, el territorio, los recursos y las instituciones, cuya realización exige transformar tanto las relaciones materiales de poder como las formas de organización mediante las cuales la sociedad participa en su propia reproducción.
Recuperar la totalidad significa, en este sentido, reconstruir la relación entre las condiciones materiales de existencia, las formas de conciencia mediante las que son interpretadas y la capacidad colectiva para transformarlas, comprendiendo que el sujeto histórico al que aspiramos no constituye una identidad previamente dada que debamos convocar mediante un discurso adecuado, sino una posibilidad que se desarrolla en el propio proceso de organización y transformación de la sociedad. La reconstrucción de una alternativa socialista dependerá de nuestra capacidad para convertir esa posibilidad en una experiencia histórica concreta, mediante la cual las clases subalternas puedan dejar de reconocerse exclusivamente como destinatarias de decisiones políticas y comenzar a constituirse como protagonistas conscientes de la organización de su propia existencia colectiva.
