Escucho sistemáticamente en algunos círculos autodenominados de izquierda la defensa de que un mundo gobernado por mujeres sería más amable, más pacífico y más habitable. Esta defensa se formula en abstracto, sin tener en cuenta el sistema mismo de gobierno; se justifica simplemente en el género. Pero esa idea no se sostiene bajo ningún análisis histórico serio.
La realidad objetiva y verificable —más allá de mistificaciones— es que las mujeres que han llegado a posiciones de poder no han sido sustancialmente distintas de los hombres de su misma familia política.
Margaret Thatcher no gobernó con menos dureza por ser mujer. Su política económica devastó a la clase trabajadora británica, privatizó sectores enteros y declaró la guerra a los sindicatos con la misma ferocidad que cualquier líder conservador. Las mujeres trabajadoras de las minas, las comunidades obreras del norte de Inglaterra, no vieron en ella a una «hermana» ni a una aliada: vieron a la representante de los intereses del capital, vestida con traje de chaqueta.
Angela Merkel no convirtió a Alemania en una potencia más pacífica o solidaria. Su gobierno gestionó la crisis del euro imponiendo condiciones draconianas a Grecia, España y Portugal, condenando a millones al desempleo y la pobreza para proteger los intereses de la banca alemana. Las mujeres griegas que perdieron sus pensiones, sus empleos y su dignidad no sintieron que Merkel las representara. Sintieron el peso de un poder imperial, independientemente del género de quien lo ejercía.
Giorgia Meloni, hoy al frente del gobierno italiano, no está aplicando políticas «maternales» o «cuidadoras». Su agenda incluye el endurecimiento de la política migratoria, el recorte de derechos sociales y la defensa de los intereses empresariales. Las mujeres migrantes que mueren en el Mediterráneo no son salvadas por su género; son condenadas por su política.
Dilma Rousseff, en Brasil, fue una presidenta que llegó desde la lucha armada contra la dictadura, pero gobernó dentro de los límites del capitalismo dependiente brasileño. Su destitución fue un golpe parlamentario, pero durante su mandato no transformó estructuralmente las relaciones de clase ni el modelo extractivista que sostenía la economía. Su género no la protegió del golpe, pero tampoco modificó la lógica del sistema que presidía.
Jacinda Ardern, en Nueva Zelanda, fue celebrada internacionalmente por su estilo empático y su gestión de la pandemia. Sin embargo, su gobierno no alteró las bases del capitalismo neozelandés: la desigualdad persistió, la vivienda siguió siendo inaccesible para amplias capas de la población, y los compromisos climáticos quedaron muy por debajo de lo necesario. Su sensibilidad comunicativa no impidió que el modelo económico continuara produciendo los mismos efectos.
Podríamos seguir: Cristina Fernández de Kirchner, Michelle Bachelet, Ellen Johnson Sirleaf, Benazir Bhutto, Golda Meir, Indira Gandhi. En cada caso, su acción de gobierno estuvo determinada no por su género, sino por su posición de clase, sus alianzas políticas, los intereses económicos que representaban y los límites estructurales del sistema en el que operaban. Algunas hicieron políticas progresistas en ciertos ámbitos; otras, directamente reaccionarias. Pero en ningún caso su condición de mujer suspendió las leyes de gravedad del capitalismo.
La tentación de pensar que el género, por sí mismo, determina una forma de gobernar más humana nace de una intuición comprensible: quienes han sido históricamente oprimidas podrían desarrollar mayor sensibilidad hacia la injusticia. Sin embargo, convertir esa intuición en una ley moral universal es caer en un esencialismo que no resiste el contraste con los hechos. Las estructuras económicas, los intereses de clase, la inserción en alianzas geopolíticas y los límites institucionales pesan infinitamente más que la identidad individual de quien ocupa el cargo.
El poder no es una superficie neutra sobre la que se proyecta la personalidad de quien gobierna. Es una red de relaciones materiales. Quien accede a él lo hace dentro de un marco previamente definido: mercados financieros que condicionan decisiones, corporaciones que presionan, aparatos estatales diseñados para garantizar la acumulación, medios de comunicación que fijan los límites de lo «posible», alianzas internacionales que constriñen el margen de maniobra.
En ese contexto, la identidad de género no suspende las reglas del juego. Puede introducir matices, prioridades específicas o estilos distintos de comunicación, pero no altera la lógica estructural si esta permanece intacta. Una presidenta puede hablar con más empatía mientras su gobierno desahucia, deslocaliza o bombardea. La empatía no paga alquileres ni restituye vidas.
Cuando se afirma que «con mujeres el mundo sería más pacífico», se ignora que la política exterior, la gestión económica o la organización del trabajo no dependen de la bondad subjetiva de las personas, sino de intereses materiales y correlaciones de fuerzas. El capitalismo no es violento porque lo dirijan hombres; es violento porque necesita expandirse, competir, disciplinar la fuerza de trabajo y asegurar rentabilidades crecientes. Esa dinámica no desaparece con un cambio de género en la cúspide. La guerra, la explotación y la destrucción ecológica son funciones del sistema, no expresiones de una psicología masculina.
Además, este tipo de planteamientos corren el riesgo de reforzar el mismo esquema que dicen combatir. Si atribuimos a las mujeres una naturaleza esencialmente más cuidadora, empática o pacífica, reproducimos una división simbólica que históricamente las confinó al ámbito doméstico y moral. Cambia la valoración —ahora «lo femenino» sería superior en lugar de inferior—, pero se mantiene la lógica esencialista: ellas encarnarían la ética; ellos, la dureza del poder. El problema es que el poder, tal como está configurado, absorbe cualquier ética que no cuestione su fundamento material.
Esto no significa que el género sea irrelevante. Las relaciones patriarcales existen y atraviesan tanto la economía como la cultura y la política. La división sexual del trabajo, la feminización de la precariedad, la sobrecarga de los cuidados, la violencia machista, la brecha salarial, son realidades materiales que requieren transformación. Pero precisamente por ser materiales, no se resuelven con símbolos ni con cuotas aisladas en la cúpula del Estado. Se resuelven modificando las condiciones de producción y reproducción social que sostienen esas desigualdades.
El riesgo de centrar el debate en «quién» gobierna en términos identitarios es desplazar la pregunta decisiva: ¿para qué intereses y bajo qué estructura? Una élite femenina integrada en la lógica de acumulación puede administrar con eficiencia —y hasta con sensibilidad comunicativa— el mismo modelo que produce desigualdad, guerras y destrucción ecológica. La representación importa, pero no sustituye la transformación estructural.
Aquí hay una confusión frecuente entre representación descriptiva y transformación material. Que más mujeres ocupen espacios de poder puede tener efectos simbólicos relevantes: amplía horizontes de identificación, rompe techos de cristal, introduce ciertos temas en la agenda pública, visibiliza capacidades antes negadas. Sin embargo, esos avances pueden coexistir sin contradicción con la profundización de la explotación y la precariedad si el marco económico no se altera. El capitalismo es perfectamente compatible con la diversidad en la cima, siempre que la base permanezca intacta.
En este sentido, el sistema demuestra una enorme capacidad de adaptación. Puede incorporar demandas de igualdad formal, promover liderazgos femeninos y celebrar discursos de empoderamiento mientras mantiene sin cambios la estructura de propiedad y la subordinación del trabajo al capital. La inclusión se convierte entonces en una estrategia de legitimación. El mensaje implícito es: «el problema ya no es estructural, basta con que ‘las adecuadas’ lleguen arriba».
Pero el problema sigue siendo estructural.
La explotación no depende del género de quien firma los decretos, sino de la relación social que obliga a vender la fuerza de trabajo para sobrevivir. La violencia no surge de una masculinidad abstracta, sino de un orden económico que convierte la competencia en principio organizador de la vida y que requiere, para sostenerse, de guerras, represión y disciplinamiento social. La precariedad no es fruto de una psicología masculina, sino de un modelo que prioriza la rentabilidad sobre la reproducción social. La destrucción ecológica no es resultado de una supuesta «desconexión masculina de la naturaleza», sino de la lógica de acumulación infinita en un planeta finito.
Artículo relacionado: Texto publicado en 1913 por Alexandra Kollontai [El Viejo Topo]
Artículo relacionado: Irene Montero y la derecha: el odio a la cajera es el odio a la clase trabajadora
Plantear que «es el capitalismo, no el género» no implica negar la opresión específica de las mujeres. Implica situarla en el terreno donde puede transformarse de raíz. El patriarcado contemporáneo no flota en el aire como un sistema cultural autónomo: está imbricado con la forma en que producimos, distribuimos y organizamos la vida. El capital se ha apoyado históricamente en el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, en su papel como ejército de reserva, en su relegación a sectores precarizados. Esa imbricación es real y debe ser combatida. Pero combatirla eficazmente requiere entender que no basta con cambiar los rostros en la cima: hay que cambiar las relaciones materiales que hacen posible ese poder.
Por eso, una estrategia emancipadora no puede limitarse a exigir que «gobiernen ellas» o que haya «paridad en los consejos de administración». Debe cuestionar la existencia misma de esos consejos, de esas cúpulas, de esa concentración de poder que, independientemente del género de quienes la ocupen, sigue reproduciendo desigualdad.
La alternativa no pasa por esperar a que gobiernen «las adecuadas», sino por construir formas de organización capaces de democratizar realmente la economía y la política. Pasa por cooperativas autogestionadas, por control obrero de la producción, por presupuestos participativos, por asambleas populares, por redes de abastecimiento comunitario, por socialización de los medios de vida. Pasa por un poder constituyente desde abajo que no se limite a ocupar espacios en el Estado, sino que construya instituciones alternativas.
Allí donde la riqueza se produce colectivamente pero se apropia privadamente, la desigualdad reaparecerá bajo múltiples disfraces, también bajo el de la igualdad de género en la élite. Solo cuando la estructura misma deje de estar orientada a la acumulación y se oriente a la satisfacción de necesidades comunes —materiales, afectivas, ecológicas—, el cuidado dejará de ser una cualidad atribuida a un sexo y se convertirá en principio organizador de la sociedad en su conjunto.
No se trata de elegir entre feminismo y crítica al capitalismo, sino de evitar que uno sea absorbido por el otro en su versión más superficial. El feminismo liberal —aquel cuyo horizonte es que las mujeres lleguen a ser tan explotadoras como los hombres— no es un aliado, sino una adaptación del sistema. El feminismo de clase, en cambio, entiende que la liberación de las mujeres es inseparable de la liberación de toda la humanidad de las relaciones de explotación.
Si reducimos la emancipación a una cuestión de identidad en la cúspide, el sistema seguirá intacto. Si entendemos que la raíz del problema es la forma en que se organiza la producción y el poder, entonces la lucha por la igualdad de género adquiere una profundidad distinta: deja de ser una petición de inclusión en el orden existente y se convierte en una fuerza transformadora que cuestiona ese orden desde sus cimientos.
No es una cuestión de esencia, sino de estructura. No es un asunto de moral individual, sino de relaciones sociales. No es la identidad, sino el poder. No es el género, es la clase. No es la buena voluntad de quien gobierna, es la lógica del sistema que gobierna incluso a quienes gobiernan.
Es el capitalismo, no el género.