La propuesta de prohibir el uso de las redes sociales a menores de cierta edad se presenta hoy como una medida sensata, necesaria, incluso urgente. Y sin embargo, su misma centralidad delata algo mucho más profundo: no es la mejor solución posible, sino la única que cabe dentro de un sistema que ha renunciado a gobernar las infraestructuras fundamentales de la vida social.
La prohibición por edades emerge no porque sea estructuralmente eficaz, sino porque no cuestiona el núcleo del problema. Es una respuesta administrativa, técnica, superficial, que permite intervenir sin alterar las relaciones de poder que gobiernan el espacio digital. Es, en cierto sentido, la forma más cómoda de no actuar sobre lo esencial.
Artículo relacionado: ¿Por qué la propiedad de los medios de producción define tu realidad?
Artículo relacionado: El Poder emana de la Propiedad
Artículo relacionado: Del derecho divino al derecho natural, la ideología jurídica al servicio del poder burgués
Lo verdaderamente práctico y útil —la toma de control público y colectivo de las plataformas tecnológicas, la regulación social de los algoritmos, la expropiación de los oligopolios digitales que operan bajo la lógica exclusiva del beneficio— aparece como una quimera política. No por su complejidad técnica, sino por su incompatibilidad con el marco ideológico, jurídico y económico del capitalismo contemporáneo. No es irrealizable: es impensable dentro del orden existente.
Así, lo que debería ser evidente resulta radical, mientras que lo radical se normaliza. Aceptamos sin apenas discusión que un puñado de corporaciones privadas modele la atención, el deseo, la ansiedad, la identidad y las relaciones sociales de miles de millones de personas. Que gobiernen los flujos simbólicos a través de los cuales se constituye la subjetividad contemporánea. Que conviertan la experiencia humana en materia prima para la extracción de valor.
No estamos solo ante una privatización de la comunicación. Estamos ante una expropiación de la experiencia.
Por eso la prohibición por edades resulta tan reveladora. No protege realmente a la infancia: protege al sistema de tener que transformarse. Desplaza la responsabilidad hacia el individuo, la familia o la escuela, y evita formular la pregunta decisiva: ¿puede una sociedad que se pretende democrática permitir que sus principales canales de socialización estén diseñados, gestionados y explotados como negocios privados?
La infancia se convierte así en el síntoma más visible de una patología que afecta al conjunto del cuerpo social. Los efectos nocivos de las redes sobre menores —adicción, ansiedad, fragmentación de la atención, dependencia emocional, exposición constante a estímulos optimizados para capturar tiempo y datos— no son errores del sistema, sino su funcionamiento normal. El problema no es que las plataformas fallen, sino que cumplen demasiado bien su función: maximizar la extracción de valor a partir de la atención humana.
La paradoja es evidente: técnicamente, nunca ha sido tan fácil construir plataformas públicas, cooperativas, transparentes, auditables, orientadas al bienestar colectivo. Algoritmos diseñados para fomentar el pensamiento crítico, la cooperación, el aprendizaje, el cuidado, la deliberación democrática. Infraestructuras digitales concebidas como bienes comunes. Todo ello es materialmente posible.
Lo que no resulta posible, por ahora, es pensarlo políticamente.
Porque reconocer esa necesidad implicaría asumir que las redes sociales ya no son simples herramientas privadas, sino infraestructuras sociales básicas, comparables al agua, la energía, el transporte o la sanidad. Y que, como tales, no pueden quedar sometidas a la lógica del beneficio. Implicaría aceptar que la soberanía digital es hoy una condición material de la democracia.
La prohibición, en cambio, permite intervenir sin tocar este núcleo. Actúa sobre los efectos, no sobre las causas. Gestiona los daños sin cuestionar el mecanismo que los produce. Es el parche que confirma la renuncia.
Pero toda renuncia tiene un límite histórico. Cuando la distancia entre lo que una sociedad podría hacer y lo que efectivamente hace se vuelve insoportable, emerge la posibilidad de ruptura. Tal vez estemos acercándonos a ese punto. Tal vez la creciente conciencia sobre los efectos psíquicos, sociales y políticos de las redes esté abriendo una grieta.
No para prohibir mejor, sino para imaginar —y construir— otra arquitectura digital posible: una en la que la tecnología deje de ser un instrumento de dominación y se convierta, por fin, en una herramienta consciente de emancipación colectiva.