La intolerancia se extiende hoy con una fuerza renovada. Racismo, machismo, homofobia, negacionismo o discursos de odio contra los migrantes ocupan cada vez más espacio público, disfrazados de opinión legítima en nombre de la “libertad de expresión”. Pero esta libertad mal entendida no es neutral: es un caballo de Troya que permite a los intolerantes socavar los cimientos de la convivencia.
La libertad debe defenderse a sí misma
Aceptar que la intolerancia tiene derecho a expresarse es permitir que el enemigo de la libertad use sus propias herramientas para destruirla. No basta con responder en el plano cultural o con indignarse en redes sociales. Es necesario reconocer que la libertad solo existe si se protege activamente de quienes pretenden negarla.
Por eso debemos dar un paso decisivo: luchar por legislar y cambiar el marco regulador, de modo que deje de amparar la intolerancia. Una sociedad que tolera a los intolerantes está firmando su sentencia.
Batalla política y legislativa
La lucha que tenemos delante no es únicamente ideológica, sino institucional. Necesitamos un marco legal que:
- Impugne el uso perverso de la “libertad de expresión” como escudo de los intolerantes.
- Permita perseguir a quienes, desde medios de comunicación, partidos políticos o plataformas digitales, difunden discursos de odio y exclusión.
- Refuerce la responsabilidad de las grandes corporaciones tecnológicas y mediáticas, que hoy lucran amplificando mensajes intolerantes bajo la excusa de la neutralidad.
Se trata de blindar jurídicamente la libertad como un derecho colectivo, no como un privilegio individual que sirve de excusa para negar al otro.
La batalla de las ideas
La legislación debe acompañarse de un combate cultural: disputar los significados, no ceder ni un centímetro en el terreno del sentido común. Pero sin un marco regulador firme, la batalla de las ideas se libra en desigualdad. El intolerante tiene altavoces, financiación y un sistema mediático que lo protege. La respuesta no puede ser débil: necesitamos leyes que deslegitimen y persigan la intolerancia como lo que es, una amenaza directa contra la convivencia.
Análisis marxista
Lo que aquí se denuncia no puede comprenderse cabalmente sin tener en cuenta la raíz material del problema. La “libertad de expresión”, tal como la proclama la sociedad burguesa, no es una libertad universal ni neutral: es una forma jurídica inscrita en un modo de producción donde el capital concentra los medios de comunicación, la infraestructura tecnológica y el poder político.
De este modo, los intolerantes no actúan en un vacío; se benefician de un terreno ya desigual en el que su discurso encuentra financiación, plataformas y resonancia. En cambio, las voces de los oprimidos son restringidas y criminalizadas cuando cuestionan el orden social.
Así, la tolerancia ilimitada hacia los intolerantes no es sino otra cara de la dominación de clase: permite que las fuerzas reaccionarias —racistas, patriarcales, nacionalistas excluyentes— dividan y enfrenten a los trabajadores entre sí, debilitando la unidad que podría desafiar al capital.
Por ello, la defensa real de la libertad no puede reducirse a reformas legales aisladas. Se trata de superar la falsa neutralidad de la libertad burguesa y avanzar hacia un marco en el que la igualdad material y la fraternidad social hagan imposible que la intolerancia se presente como “opinión legítima”. Solo en una sociedad que ha abolido las bases de la explotación puede florecer una libertad auténtica, común y efectiva para todos.
Hoy estamos convocados a dar la batalla de las ideas y, al mismo tiempo, la batalla política para transformar las reglas del juego. Defender la libertad significa impugnar, legislar y perseguir a quienes la convierten en arma contra la igualdad.
La libertad no se defiende sola. Se organiza, se protege y se legisla. Y si no lo hacemos ya, corremos el peligro de que se repita lo peor de nuestra historia.