El patriotismo, para ser algo más que una emoción abstracta o una consigna vacía, debe expresarse en la defensa concreta de las condiciones materiales que permiten la existencia autónoma de un país. Entre todas ellas, pocas son tan decisivas como la energía. La energía no es solo un recurso económico: es la base física de la producción, del transporte, de la industria, de la vida cotidiana y, en última instancia, de la propia soberanía política.
En el caso de España, esta realidad adopta una forma particularmente clara. El país carece prácticamente de reservas significativas de petróleo, gas natural o uranio. Esto implica que el modelo energético basado en combustibles fósiles y en nuclear depende inevitablemente de la importación. Cada barril de petróleo y cada metro cúbico de gas consumido es una transferencia de riqueza hacia el exterior. Cada crisis internacional, cada conflicto geopolítico, cada fluctuación en los mercados globales se traduce en una limitación directa de la autonomía nacional.
Esta dependencia no es una abstracción: es una relación material de subordinación. Un país que no controla su energía no controla plenamente su economía. Y un país que no controla su economía no controla plenamente su destino.
Sin embargo, España posee una riqueza energética que no depende de ningún actor extranjero: el sol, el viento y su territorio. La radiación solar en gran parte de la península es de las más altas de Europa. Los recursos eólicos son abundantes y relativamente constantes. Estas fuentes no pueden ser embargadas, ni bloqueadas, ni encarecidas por decisiones externas. Son, literalmente, soberanía energética en forma física.
Las energías renovables representan, por tanto, algo más que una opción tecnológica o ecológica. Representan la única vía estructural hacia la independencia energética real. Mientras que el petróleo y el gas deben comprarse, el sol y el viento existen como condiciones propias del territorio. Transformarlos en electricidad es transformar una condición natural en autonomía política y económica.
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Esto no significa que cualquier forma de implementación sea automáticamente justa. La soberanía energética no puede construirse reproduciendo formas de concentración económica en manos de grandes corporaciones como Repsol o Iberdrola sin control democrático. Tampoco puede consistir en la imposición extractiva sobre territorios rurales sin beneficio social para quienes los habitan. La soberanía no es solo una cuestión de origen físico de la energía, sino también de quién la controla, quién se beneficia de ella y en qué condiciones se organiza su producción.
Instituciones como Red Eléctrica de España demuestran que la infraestructura energética es un elemento estratégico fundamental. La red no es simplemente un sistema técnico, sino el sistema nervioso de la economía nacional. Controlarla, expandirla y orientarla hacia fuentes autóctonas es una cuestión de seguridad material.
Además, en el contexto de la Unión Europea y de la economía global, los países que logren electrificar su sistema productivo sobre fuentes renovables propias serán los que dispongan de mayor autonomía estratégica en el futuro. La electrificación basada en recursos propios reduce la vulnerabilidad frente a sanciones, crisis de suministro y dependencia financiera exterior.
Por ello, defender las energías renovables en España no es solo una cuestión ecológica o ambiental. Es una cuestión de independencia nacional. Es la única vía coherente para que la riqueza producida por la energía permanezca dentro del país y contribuya al desarrollo de su industria, su empleo y su bienestar colectivo.
No puede llamarse patriota quien defiende un modelo energético basado en la dependencia permanente de recursos que no existen en su propio territorio. Porque aceptar esa dependencia es aceptar que la capacidad de decidir el propio futuro esté condicionada por intereses ajenos.
El verdadero patriotismo energético consiste en construir un sistema basado en aquello que pertenece objetivamente al país: su territorio, su sol, su viento y su capacidad técnica y colectiva para organizarlos racionalmente.
La soberanía energética no es una consigna. Es una condición material. Y en España, esa condición tiene un nombre claro: renovables.
Lo demás son intereses económicos y de clase agazapados sobre cínicas posiciones patrióticas o nacionalistas.