Introducción: el mito de la libertad financiera
La crítica occidental al sistema de crédito social chino es un lugar común en el discurso liberal contemporáneo. Se lo presenta como un mecanismo distópico de vigilancia, un «Gran Hermano» digital que premia o castiga conductas ciudadanas según criterios supuestamente fijados desde el poder estatal obviando, en gran medida, las estructuras sociales de consulta directa. Lo que rara vez se menciona es que el sistema financiero capitalista hace algo muy similar, aunque de manera opaca, descentralizada y legitimada por el mito de la libertad individual.
El crédito bancario en el capitalismo también evalúa constantemente a los individuos. Pero no lo hace con base en su contribución al bienestar común, sino según su capacidad de generar, mantener y acumular capital. En otras palabras, premia a quienes participan de la lógica extractivista del sistema —empresarios, especuladores y rentistas— y excluye a quienes dedican su vida a actividades con alto valor social pero escaso rédito económico —trabajadores de cuidados, profesores, educadores, activistas, etc.
Este artículo plantea que ambos sistemas son formas de control y organización social, pero con lógicas profundamente distintas. Y que, si bien la crítica al sistema chino puede ser legítima desde una óptica que busque la mejora de su nivel de participación, la crítica al sistema financiero occidental debería ser aún más radical, porque impone una amoralidad antisocial sin asumirla ni someterla a debate público alguno.
Control y organización social: ¿represión o planificación?
Control y organización social no son sinónimos de represión. Toda sociedad organizada establece mecanismos para regular la conducta de sus miembros: normas, leyes, recompensas, sanciones y expectativas. La cuestión no es si existe control, sino cómo se ejerce, con qué fines y bajo qué mecanismos de legitimación y participación.
En el caso chino, el sistema de crédito social forma parte de una estrategia más amplia de planificación social y económica a largo plazo. Desde esta lógica, el comportamiento individual no es ajeno al bien común: se espera que el ciudadano contribuya al orden social, al civismo, a la confianza institucional. Lo que se premia no es (solo) la acumulación privada, sino la conducta considerada útil para la cohesión y estabilidad del cuerpo social. Esto puede incluir desde pagar a tiempo facturas o multas, hasta participar en actividades comunitarias o evitar difundir noticias falsas.
Ahora bien, la legitimidad de este control no reside en su eficacia técnica, sino en el grado de participación colectiva en la definición de sus valores y criterios. Si estos se imponen desde arriba sin posibilidad de cuestionamiento, el sistema degenera en autoritarismo tecnocrático. Pero si se construyen desde procesos amplios y democráticos, se convierte en una herramienta de organización social orientada al desarrollo común.
El crédito financiero: control sin rostro, sin ética y sin pueblo
En contraste, el sistema financiero capitalista ejerce control sin decirlo, sin mostrarlo y sin rendir cuentas. Al determinar el acceso a recursos vitales —vivienda, educación superior, salud, movilidad, emprendimiento— según criterios puramente financieros, impone una moral silenciosa: quien acumula es valioso, quien no lo logra o, simplemente, no lo desea por cuestiones éticas, no lo es.
El crédito bancario premia a quien tiene un empleo «bien pagado» (aunque sea irrelevante socialmente), a quien posee propiedades (aunque no las use socialmente), a quien ahorra (aunque sea gracias a la explotación ajena). En cambio, penaliza a quien dedica su tiempo a la organización vecinal, a la economía de cuidados, al arte independiente, al trabajo comunitario o a empleos con verdadera repercusión sobre el bienestar social. Todo aquello que no genere rentabilidad inmediata queda fuera de su mapa de valores.
Se trata de un sistema profundamente antisocial porque, en lugar de fortalecer los lazos colectivos, los rompe en nombre de la competencia, el riesgo individual y la «meritocracia» financiera. Y lo hace sin permitir ni siquiera una discusión pública sobre qué conductas deberían ser incentivadas.
¿Qué es más justo? ¿Qué es más peligroso?
Es evidente que el crédito social chino podría presentar riesgos importantes en términos de arbitrariedad, tecnocracia y falta de reversibilidad. Pero al menos hace explícitos sus valores y permite visibilizar los debates sobre qué comportamientos se desean en una sociedad organizada.
El sistema occidental, en cambio, naturaliza su lógica amoral sin someterla a juicio. Nadie votó que especular en bolsa merezca más crédito que cuidar a un anciano. Nadie decidió democráticamente que un CEO pueda endeudarse con intereses bajos mientras una madre soltera en situación precaria es excluida del sistema. El capital impone sus propios criterios, y lo hace en nombre de la libertad, aunque esta solo se aplique a quienes ya tienen poder económico.
Hacia un nuevo paradigma: crédito como herramienta de justicia social
La cuestión, por tanto, no es si debe existir o no un sistema de evaluación social. Toda sociedad necesita organizarse, definir prioridades, planificar su futuro. El problema es quién define esos criterios, con qué mecanismos de participación, y con qué orientación política.
Un sistema de crédito social podría ser más justo que el crédito financiero actual si se basa en valores construidos colectivamente, transparentes y revisables. Si se orienta hacia la justicia social, el bienestar común y la sostenibilidad de la vida. Si premia, por ejemplo, a quienes cuidan, enseñan, cooperan y crean comunidad. Y si sanciona no al disidente ideológico, sino a quien destruye lo común en nombre del lucro.
Lo inaceptable es que un sistema que solo responde a la rentabilidad privada, sin considerar su impacto social o ecológico, sea presentado como garante de libertad, neutralidad o progreso. El control social en clave organizativa es inevitable, y puede ser emancipador si se funda sobre participación, conciencia y horizonte colectivo.
Conclusión: control social, pero con el pueblo
El crédito social chino puede ser criticado legítimamente por los riesgos que conlleva su implementación. Pero al menos reconoce que toda sociedad necesita organizarse, y que la conducta individual tiene consecuencias colectivas. Su problema, si lo tiene, es de falta de democracia interna, no de intencionalidad antisocial.
El crédito financiero capitalista, en cambio, no necesita justificar nada. Su forma de control es invisible, pero profundamente eficaz: excluye, premia, castiga, modela, sin declararlo, sin permitir participación ni revisión. Es la amoralidad del capital impuesta sin debate, y por tanto, radicalmente ilegítima.
En el siglo XXI, cuando el colapso ecológico y la descomposición social exigen nuevas formas de planificación, el crédito no puede seguir siendo privilegio de unos pocos. Tiene que convertirse en herramienta de justicia colectiva. Y para ello, debe partir de una verdad sencilla: toda sociedad ejerce control. La pregunta es quién lo ejerce, en nombre de qué, y con qué propósito.