En el debate político y económico contemporáneo, los términos iniciativa individual e iniciativa privada suelen confundirse deliberadamente, como si fuesen sinónimos. Sin embargo, esa confusión no es inocente: responde a una estrategia ideológica para vincular la libertad de acción personal con la lógica de la propiedad privada, invisibilizando que son realidades distintas, e incluso contrapuestas.
Privado: lo que pertenece a unos pocos
La iniciativa privada se define por su orientación: busca satisfacer exclusivamente el interés de quien la impulsa, o de un grupo reducido que controla la propiedad de los medios necesarios para llevarla a cabo.
En este marco, el «privado» no significa solamente que no es del Estado, sino que está privado del acceso de la mayoría. Su carácter excluyente se basa en la propiedad privada de los recursos —especialmente de los medios de producción— y en la capacidad de convertir esos recursos en beneficio particular, independientemente del coste social que este provoque.
Individual: lo que parte de uno mismo
La iniciativa individual tiene su origen en la voluntad, creatividad o decisión de una persona concreta. Responde, en primer lugar, a los objetivos y deseos de quien la impulsa, sin que esto implique automáticamente un interés social. No es, por esencia, colectiva ni solidaria: es simplemente la expresión de la capacidad de un individuo para iniciar algo.
Lo decisivo es el contexto. En las sociedades capitalistas, esta capacidad queda supeditada a la disponibilidad de propiedad privada para ejecutarla, lo que restringe drásticamente quién puede materializar sus ideas.
Sin embargo, en una sociedad donde la propiedad de las líneas de producción estuviese socializada, la iniciativa individual podría desarrollarse de forma más justa y abierta. La sociedad, como propietaria común de los medios, podría cederlos en usufructo a proyectos individuales en función de su valor social, permitiendo que el talento y la inventiva no dependan de la riqueza previa de quien propone, sino de la pertinencia y utilidad de su propuesta para el conjunto.
La trampa de la propiedad privada
En las sociedades capitalistas, la iniciativa individual queda subordinada a la iniciativa privada: para poner en marcha un proyecto propio, en la mayoría de los casos, se necesita tener acceso a recursos privatizados. Esto crea un filtro artificial: solo quienes poseen propiedad privada o acceso privilegiado a ella pueden convertir su iniciativa en realidad.
De este modo, muchas ideas óptimas —aquellas que podrían resolver problemas reales, mejorar la calidad de vida o impulsar avances colectivos— quedan bloqueadas, no por falta de capacidad individual, sino por las barreras de la propiedad privada.
La potencialidad de un sistema socializado
En una sociedad donde la propiedad de las líneas de producción y los recursos fundamentales estuviera socializada, el espacio para la iniciativa individual sería más amplio que nunca. Al eliminar la dependencia de la propiedad privada para emprender cualquier acción productiva, cualquier persona con una idea valiosa podría encontrar los medios para desarrollarla, siempre que estuviera alineada con las necesidades y prioridades colectivas.
Esta democratización real de la capacidad de emprender no reduciría la creatividad, sino que la multiplicaría: el ingenio humano dejaría de estar condicionado por el bolsillo y empezaría a medirse por su utilidad y pertinencia social.
Distinguir entre iniciativa individual e iniciativa privada no es un mero ejercicio semántico, si no que desmonta un mecanismo ideológico que ata la libertad humana a la concentración de la riqueza. Una sociedad emancipada no solo preservaría la iniciativa individual, sino que la liberaría de sus cadenas, poniéndola al servicio del conjunto y permitiendo que cada persona pueda aportar lo mejor de sí misma al desarrollo común.